TRIBUNA ABIERTA

La infancia, el desarrollo rural y el crecimiento
Por Federico Arnillas

Publicado en El Peruano

Si como señala la Constitución, el bienestar de la persona humana es el fin supremo de la acción del Estado y la sociedad, reducir la pobreza y la desigualdad resulta siendo un imperativo a la vez ético y legal siempre vigente. Es innegable que hoy tenemos como país una excelente posibilidad para avanzar significativamente en ese objetivo, de hacerlo con eficacia, de manera sostenible, cerrando brechas y poniendo cimientos para una nueva etapa de desarrollo nacional. Para ello se requiere sumar fuerzas y que empujemos el carro en la misma dirección.

Desde la experiencia de la Mesa de Concertación, una coyuntura electoral como la que está en curso, lejos de esconder esa posibilidad, la hace más visible y significativa. La expresión más reciente de ello la tenemos en las pasadas elecciones regionales en que se suscribieron "acuerdos de gobernabilidad" en 25 de las 26 circunscripciones regionales, incluida Lima Metropolitana. Más del 75% de las candidaturas que se presentaron respaldaron dichos acuerdos; la gran mayoría de las autoridades elegidas suscribió esos acuerdos en su condición de candidatos o candidatas y recientemente los han ratificado como autoridades en ejercicio.

Para la política pública, lo nuevo que nos traen esos acuerdos es un número importante de metas claras y medidas concretas. Un campo importante de metas tiene que ver con la situación de la infancia, los derechos que ésta tiene y la necesidad de cerrar la brecha de servicios de educación, salud, nutrición o de acceso a la identidad que afectan a nuestras niñas y niños en los años primeros de su vida. Estamos frente a situaciones que definen para cada niña o niño todas sus posibilidades de futuro como personas, y que a su vez marcan las posibilidades y restricciones que enfrentamos como sociedades locales o regionales para nuestro desarrollo futuro.

Un segundo campo de acuerdos está referido a las condiciones de vida de nuestras poblaciones rurales, en que se presentan los mayores niveles de pobreza. Los más altos índices de inseguridad alimentaria están por ejemplo en estas poblaciones rurales vinculadas a su vez a la producción de alimentos.

Hablar de las poblaciones rurales incluye por cierto a la infancia y con ella a la agenda por la infancia, pero en este caso se hace enfatizando su condición de infancia rural, vinculando por ejemplo el desarrollo de las capacidades humanas con la capitalización de las pequeñas unidades productivas, generalmente de base familiar, campesina o indígena. También implica el acceso a servicios básicos, la vivienda, o los mercados y la reducción de riesgos.
Se trata en estos diversos casos de metas relacionadas con los programas presupuestales estratégicos que se han implementado en estos años, y para los cuales los gobiernos regionales cuentan ya con recursos asignados en sus presupuestos institucionales.
Estamos ahora en un proceso electoral nacional y eso permite que los acuerdos y estas metas compartidas por las regiones, con los respaldos técnicos, sociales y políticos en los que se basan, puedan trascender sus propios ámbitos regionales originales y se constituyan en la mejor base de la que disponemos como sociedad para la definición de políticas nacionales concertadas para el periodo 2011-2016.

Una agenda clave es por ejemplo la de la campaña "Todos con la Infancia. Vota por la Niñez Ahora", con propuestas de metas en materias de mortalidad materna, mortalidad neonatal, desnutrición crónica o anemia, mejora de logros de aprendizaje, entre otras. Otra no menos importante es la Agenda para el desarrollo integral de las poblaciones rurales.
Podría haber ocurrido que las propuestas regionales y nacionales divergieran entre sí, pero no es esa la situación; muy por el contrario, las propuestas nacionales de los partidos y alianzas en campaña empatan adecuadamente con las propuestas regionales y en no pocos casos las complementan con la necesaria perspectiva nacional vinculada a las responsabilidades propias de dicho nivel de gobierno.

Como señalamos al principio de este artículo, reducir la pobreza y la desigualdad es un imperativo ético y legal plenamente vigente. El desafío en este tiempo preelectoral es convertir esta constatación en compromiso compartido entre las alianzas y partidos, y entre estos y las instituciones y organizaciones de la sociedad civil.