TRIBUNA ABIERTA

Libros, leche y “libre mercado”
Por Alexandro Saco
Publicado en La Primera

La comprobación de la forma en que operan ciertas editoriales, dificultando la Educación de los niños y niñas peruanos, expresa uno de los aspectos en los que el modelo ha fracasado.

Hace pocos días hemos visto cómo funciona la corrupción en la Educación de los niños peruanos, desde acciones cómplice entre editoras y profesores o directores de colegio, extrayendo dinero indebido a los padres de familia.

Para eso las editoras han impuesto un sistema en el que el libro deja de tener vigencia en un año, contraviniendo la lógica de uso de estos instrumentos que pueden durar el tiempo en el que los conocimientos generales de la cultura, ciencia o historia varían; además los han convertido en objetos casi descartables pues obligan a los alumnos a recortarlos y escribir con tinta sobre ellos.

Las editoras han encontrado la forma perfecta de convertir a los responsables de la Educación en el último eslabón de la cadena de distribución, enganchándolos con el pago de una relevante “comisión”.

Frente a esa constatación, si algunos esperaban una reacción firme de la autoridad educativa nacional encarnada en el Ministerio de Educación, pues se equivocaron. Resulta que el “modelo de desarrollo” peruano y sus defensores se las han arreglado vía un entramado legal que permite la Constitución de 1993, para que progresivamente el Estado pierda capacidad de acción frente a arbitrariedades o delitos como los que hemos visto.

Así, el ministro de Educación en lugar de disponer que se proceda a sancionar como ente rector a las editoras nacionales y transnacionales que corrompen el sistema educativo, se ha limitado a “invocar” a éstas para que los actos delictivos dejen de suceder.

Y es que el ordenamiento legal en el Perú impide que los órganos rectores en determinada materia puedan sancionar a los que extraen dinero o cometen otras arbitrariedades con la población, configurándose así un vacío en el que todo vale.

En ese contexto no es casual que contemos con un Ministerio del Ambiente que no es responsable de aprobar los Estudios de Impacto Ambiental, por ejemplo, o con un Ministerio de salud que no puede sancionar los abusos de las empresas farmacéuticas o de las compañías de Seguros.

Leche bamba y arbitraria
Hablando de salud, una situación análoga se viene dando. Qué pensaría usted si se entera de que en uno de los principales hospitales públicos de Lima, los médicos del área de neonatología han aprobado un protocolo que permite definir el 45% de partos como partos de riesgo (cuando el promedio es mucho menor), lo que les autoriza aislar al recién nacido de la mamá impidiendo así que se inicie la lactancia materna que debe ser exclusiva hasta los seis meses, y con eso induciendo el uso de fórmula; o qué podríamos pensar cuando comprobamos que médicos y enfermeras en servicios públicos o privados inducen a las madres al uso de fórmula sosteniendo que es mejor que la leche materna, cuando la OMS ha demostrado a través de diversos estudios que la leche materna es insuperable.

Quizá comprenderíamos mejor esas constataciones si nos enteramos por información de la DIGEMID (Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas), que en los últimos años el volumen de ventas de la fórmula se ha incrementado 7 veces y los precios se han multiplicado en promedio 4 veces, llegando a ocupar este producto el primer lugar de lo que se vende en las cadenas de boticas del país (unos 115 millones de dólares al año).

En este caso como en otros relacionados a los medicamentos, sucede lo mismo que en Educación, pues las grandes empresas han logrado convertir, de forma más sutil, a los trabajadores de la salud en el último eslabón de la cadena de comercialización de sus productos o medicamentos. Acaso la forma de corrupción no sea tan grotesca como la que hemos visto en el caso de los libros, pero su naturaleza es igual.

Mamotretos reguladores
Esto no es casual y se repite en todos los sectores en los que el Estado debiera hacer cumplir la ley. El “modelo” trasladó alegremente su capacidad de fiscalización y sanción hacia el Indecopi y los reguladores, con lo que en la práctica el Estado central abdicó de su función de proteger los derechos ciudadanos frente a los intereses corporativos. Además, y lo más grave, al haber sucedido esto, los temas que llegan a Indecopi ya no se analizan como asuntos de derechos o libertades, sino como temas de mercado.

Es decir, a casi 20 años de la vigencia del “modelo”, podemos ver como éste hace agua cuando de proteger el bolsillo, la Educación o la salud de los peruanos se trata.

Casi lo mismo sucede con los famosos entes reguladores, que de reguladores tienen muy poco y, como el Indecopi, se han convertido casi en parte del paisaje. Si recordamos el discurso que impulsó su creación, veremos que se los presentó como garantía de la necesaria regulación del mercado que todo país que se respete necesita aplicar en ciertos aspectos.

A la luz de lo que podemos observar día a día, constatamos que eso que se vendió a la sociedad se ha convertido en un anexo para validar los abusos, ¿o acaso esa era la intención desde un inicio?