TRIBUNA ABIERTA

Cero en gobernabilidad universitaria
Por Zenón Depaz
Publicada en La Primera

Finalizando el gobierno anterior, el entonces ministro de Educación, Javier Sota Nadal, tomó dos importantes decisiones relativas a la Educación superior: crear la Dirección Nacional de Educación Superior y culminar el diseño de la ley que crearía el sistema nacional de acreditación de la calidad educativa. Con ello se abría la posibilidad de coordinar ese nivel educativo, hasta entonces desarticulado, empezando por la denominada Educación superior no universitaria, directamente dependiente de aquel ministerio, y manteniendo en discusión la agenda sobre la Universidad, puesta a consideración por una comisión encargada de proponer lineamientos para su reforma. Ninguna de las dos cosas se ha hecho durante este periodo de gobierno.

No obstante, dicha agenda logró incorporarse parcialmente en el Proyecto Educativo Nacional, propuesto por el Consejo Nacional de Educación en su anterior versión, dando forma a dos de sus lineamientos de política básicos: la creación de un concejo nacional que coordinara el ámbito universitario, definiendo políticas de Estado para su desarrollo, y del sistema nacional de acreditación.

Pese a que Alan García dijo hacer suyo aquel documento, ninguna iniciativa relevante referida a la Universidad ha sido desarrollada durante su gestión presidencial. El ámbito universitario, de crucial importancia para el desarrollo del país, continúa sumido en el olvido por un gobierno que ni siquiera asume ahí su encargo constitucional de hacer cumplir las leyes, tal como lo demuestra la situación de rebeldía en que se halla frente a la reiterada demanda del Tribunal Constitucional para el cumplimiento de la homologación de los salarios de los docentes universitarios.

La constitución del SINEACE tampoco ha ido acompañada de señales de real interés por el desarrollo de la Universidad, al menos de la Universidad Pública, de directa responsabilidad estatal. El encargo de su presidencia a un oscuro ex rector de la Universidad Federico Villarreal, de la órbita alanista, era más bien un preocupante síntoma de, por decir lo menos, manejo displicente de aquel tema.

El hecho de que con la creación de aquel organismo, sin mediar su efectivo funcionamiento, se desmontase el CAFME, órgano acreditador de las facultades y escuelas de medicina, que al menos había logrado frenar la irresponsable multiplicación de éstas, venía a ser otro síntoma fatídico de una voluntad de mantener en abandono el ámbito universitario, para conveniencia de funcionarios y operadores del partido gobernante que, empezando por el propio ministro de Educación, tenían allí intereses económicos directos.

Por esto, escuchar a García diciendo que no son nuevos marcos legales –que suponen definiciones de políticas de Estado- los que necesita la Universidad, sino la mera aplicación de las evaluaciones que la acreditación supone, suena a burla, sino a complicidad abierta.