TRIBUNA ABIERTA
La privatización de la educación
Por Zenón Depaz
Publicado en La Primera
Quizás la medida más significativa tomada por el actual gobierno en el ámbito educativo haya sido el desalojo del ministerio de Educación del modesto local que ocupaba, para dejarlo en su actual condición de inquilino precario en otros seis locales de diferentes entidades estatales. Con ello consumaba una tendencia ya visible, en mayor o menor medida, en gobiernos anteriores, caracterizados por ejecutar una suerte de retirada del Estado de este ámbito, dejando el protagonismo a la iniciativa privada.
Otro hito en esta dirección fue puesto antes, en términos similares, por el gobierno de Fujimori, al desalojar a este ministerio del local que alguna vez fue el edificio más alto de nuestro país. El mismo Fujimori emitió el año 1996 el Decreto Legislativo 882, que favorecía la apertura de instituciones educativas privadas con explícitos fines de lucro, en todos los niveles educativos. Queda claro, a estas alturas, que esa decisión iba deliberadamente acompañada de la precarización de los servicios educativos públicos. Al mismo tiempo, desde el Estado se promovió activamente la difusión de un discurso político que desvalorizaba y hasta satanizaba la intervención estatal –incluyendo su rol regulador del mercado-, al tiempo que otorgaba un carácter casi mesiánico a la inversión privada, sin mayor cuidado de establecer para ella controles de calidad mínimos.
Como resultado de ello los ciudadanos muestran hoy una clara preferencia por servicios educativos privados; aunque dada la escasa, casi nula, regulación, la mayor parte de dicha oferta –incluyendo la universitaria- tenga notorios visos de fraude. Siempre que le es posible, el ciudadano peruano promedio evade matricular a sus hijos en instituciones educativas públicas.
Igual ocurre en cuanto a servicios de salud y seguridad. Los hospitales se encuentran en condiciones calamitosas; los servicios de emergencia se hallan tan atiborrados que parecen atender algún súbito cataclismo; mientras los “guachimanes” constituyen por su número todo un ejército paralelo.
Se entiende, entonces, que no haya ningún interés en reformar los sectores salud, Educación y seguridad (del que hace parte Justicia), por parte de los gobiernos que heredaron el proyecto político Fujimorista de desregulación estatal de la producción de bienes y servicios. No se trata de un descuido, sino de un gran negocio privado con participación de los gobernantes, que acentúa las inequidades sociales. Así se explica también la aparente paradoja de que el ministro más estable de este gobierno sea el de Educación, socio de García en aquellos negocios.
Por Zenón Depaz
Publicado en La Primera
Quizás la medida más significativa tomada por el actual gobierno en el ámbito educativo haya sido el desalojo del ministerio de Educación del modesto local que ocupaba, para dejarlo en su actual condición de inquilino precario en otros seis locales de diferentes entidades estatales. Con ello consumaba una tendencia ya visible, en mayor o menor medida, en gobiernos anteriores, caracterizados por ejecutar una suerte de retirada del Estado de este ámbito, dejando el protagonismo a la iniciativa privada.
Otro hito en esta dirección fue puesto antes, en términos similares, por el gobierno de Fujimori, al desalojar a este ministerio del local que alguna vez fue el edificio más alto de nuestro país. El mismo Fujimori emitió el año 1996 el Decreto Legislativo 882, que favorecía la apertura de instituciones educativas privadas con explícitos fines de lucro, en todos los niveles educativos. Queda claro, a estas alturas, que esa decisión iba deliberadamente acompañada de la precarización de los servicios educativos públicos. Al mismo tiempo, desde el Estado se promovió activamente la difusión de un discurso político que desvalorizaba y hasta satanizaba la intervención estatal –incluyendo su rol regulador del mercado-, al tiempo que otorgaba un carácter casi mesiánico a la inversión privada, sin mayor cuidado de establecer para ella controles de calidad mínimos.
Como resultado de ello los ciudadanos muestran hoy una clara preferencia por servicios educativos privados; aunque dada la escasa, casi nula, regulación, la mayor parte de dicha oferta –incluyendo la universitaria- tenga notorios visos de fraude. Siempre que le es posible, el ciudadano peruano promedio evade matricular a sus hijos en instituciones educativas públicas.
Igual ocurre en cuanto a servicios de salud y seguridad. Los hospitales se encuentran en condiciones calamitosas; los servicios de emergencia se hallan tan atiborrados que parecen atender algún súbito cataclismo; mientras los “guachimanes” constituyen por su número todo un ejército paralelo.
Se entiende, entonces, que no haya ningún interés en reformar los sectores salud, Educación y seguridad (del que hace parte Justicia), por parte de los gobiernos que heredaron el proyecto político Fujimorista de desregulación estatal de la producción de bienes y servicios. No se trata de un descuido, sino de un gran negocio privado con participación de los gobernantes, que acentúa las inequidades sociales. Así se explica también la aparente paradoja de que el ministro más estable de este gobierno sea el de Educación, socio de García en aquellos negocios.
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