TRIBUNA ABIERTA
Clases somníferas
Por Ghiovani Hinojosa
Publicado en el Suplemento El Domingo
Los videos en el aula generan una retención de 65 por ciento en la memoria de los estudiantes tres días después de una lección, mientras la palabra hablada tiene solo una durabilidad de 10 por ciento en su pensamiento. ¿Será un profesional sin ninguna formación didáctica capaz de advertir estos matices pedagógicos y utilizar estrategias de aprendizaje participativo? Una reciente ley que permite a cualquiera que tenga un título universitario trabajar como profesor escolar pone en riesgo la calidad de la educación que reciben los alumnos peruanos.
Por ghiovANI Hinojosa
“Olvido lo que oigo, recuerdo lo que veo y aprendo lo que hago”, predicaba el pensador chino Confucio antes de la era de la distracción multimedia y el Power Point y las clases virtuales. Esta trilogía pedagógica básica, que ha guiado el ejercicio docente en las últimas décadas y que cobra hoy inédita validez en las aulas escolares, corre el riesgo de ser una abstracción desfasada por los efectos de la polémica Ley 29510, que elimina el requisito de titulación y colegiación profesoral para enseñar en los niveles de primaria y secundaria de los centros educativos estatales y privados. Por ejemplo, un ingeniero de minas desempleado podría tentar suerte como docente de Física sin tener la obligación previa de formarse en metodología. Así, las escuelas de todo el país –que tienen ya suficientes problemas con los educadores de carrera con limitaciones pedagógicas– se perfilarían como auténticos ambientes de sueño y apatía estudiantil.
Una norma con trucos
Alumnos bombardeados de tecnicismos indigestos y docentes sin estrategias motivacionales. Este panorama sombrío fue el que se quiso evitar en el sector educación cuando se promulgó la Ley del Colegio Profesional de Profesores del Perú en 1990. La premisa entonces era lograr la formalización total de los maestros. El 2004, se dio oportunidad a quienes no estaban titulados ni colegiados de hacerlo hasta julio del 2010. Cinco años y medio después de establecido el plazo, la cantidad de docentes sin formación pedagógica, que se desentendieron de esta obligación, es preocupante. Según cálculos del vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz, existen hoy entre 45 y 50 mil profesionales sin título en Educación, que laboran como profesores en inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria en instituciones estatales y privadas a nivel nacional. Es decir, representan la quinta parte del universo de 250 mil docentes de todo el sistema educativo peruano.
Díaz recuerda que, frente a los altos niveles de informalidad docente, la propuesta inicial de los expertos fue ampliar el plazo sin renunciar al objetivo inicial. Pero la Ley 29510, aprobada el 24 de marzo pasado, no solo anuló todo plazo de formalización –con esto evitó los despidos masivos de profesores sin título que estaban previstos para mediados de año–, también abrió las puertas a todo profesional que aspire a trabajar como educador en el área de su especialidad. Un sorpresivo y radical giro que deja en el aire los esfuerzos anteriores por reivindicar la labor profesoral.
El especialista del Consejo Nacional de Educación sostiene que la ley tiene dos errores centrales. Primero, no establece regulaciones específicas para el dictado de determinados cursos. “Al ser el articulado muy general, la norma da pie a que profesionales no docentes dicten materias básicas, como matemáticas y comunicaciones, para las que sí existen profesores debidamente capacitados”, asegura. De este modo, si el espíritu de la ley era permitir que, por ejemplo, técnicos electricistas o mecánicos y egresados de institutos de inglés ejerzan como docentes –ocupando precisamente esas plazas que los educadores profesionales no logran cubrir–, este propósito no está fielmente reflejado en la redacción del dispositivo legal.
Segundo, la Ley 29510 no dice nada sobre la complementación pedagógica que por sentido común requiere todo aquel profesional que desee trabajar como docente. Por ejemplo, un biólogo que pretenda pararse delante de la pizarra para hablar de genética a unos chicos de cuarto de secundaria debe estudiar aspectos básicos de programación curricular, metodología, administración de disciplina y evaluación integral. Todo esto lo podría aprender en cursos que se dictan en las facultades de Educación y duran en promedio dos años, pero la norma, increíblemente, no lo exige. Al respecto, el educador y sociólogo Sigfredo Chiroque, investigador del Instituto de Pedagogía Popular, afirma que existe una fuerte presión de las escuelas privadas –las principales reclutadoras de profesores sin título– para disponer de un marco legal que les permita contratar libremente a profesionales “especializados”. Una muestra de esto serían los colegios preuniversitarios que ofrecen una formación pragmática. Los centros educativos estatales, por su lado, aparecen como plazas menos atractivas para los venidos de otras carreras. “¿Acaso por 1,050 soles mensuales un buen ingeniero, un buen médico o un buen arquitecto se enrolarían en las filas del magisterio? Los profesionales no docentes que enseñan hoy en las escuelas públicas no son los mejores”, sentencia Chiroque.
¡Profesor a sus alumnos!
“No se trata de fabricar robots, sino de humanizar a los alumnos”. Clorinda Macuri, directora del Instituto Superior Pedagógico María Auxiliadora, devuelve el golpe que el gobierno les ha dado a los docentes con la ley que flexibiliza el ejercicio del profesorado. En esta institución educativa las estudiantes eligen su especialidad desde el primer ciclo (inicial, primaria o secundaria en formación laboral), y llevan desde el principio cursos de psicología del niño y del adolescente, de acuerdo con la edad de sus futuros educandos. Marleny Narváez, de 21 años, es una esmerada alumna de la especialidad de primaria de noveno ciclo y asegura que tiene tres ventajas centrales sobre los profesionales de otras carreras para educar a los niños: está familiarizada con las inteligencias múltiples (“si un niño no sabe matemáticas no significa que sea tonto, hay que desarrollar en él otras capacidades”), está entrenada en estrategias de motivación (“a un pequeño de sexto grado hay que recordarle canciones populares para estimular su redacción”) y conoce al detalle el funcionamiento de la amígdala, la zona del cerebro donde nace el interés (“tenemos solo entre 10 y 15 minutos para captar la atención de los estudiantes”). La pregunta nuevamente es: ¿puede un profesional sin ninguna formación pedagógica garantizar una enseñanza de calidad?
Si bien hay docentes con título que duermen a sus alumnos atiborrándolos con información densa, la solución a este problema no puede ser dar carta libre a profesionales que generen más somnolencia. Ya es casi un cliché decir que los profesores de carrera son los culpables de nuestra desgracia educativa nacional. El Ministerio de Educación debería trascender este simplismo y reglamentar con precisión la participación de terceros en la educación de los menores. El mentado futuro del país, ahora sí, está en sus manos.
Una voz DIFERENTE
León Trahtemberg
Educador
Estoy a favor de la Ley 29510 por tres razones. Primero, porque restituye lo establecido por la Ley de Educación del 2003, que fue alterado por la Ley del Colegio de Profesores. Segundo, porque es imposible despedir en julio a 40 mil docentes sin título pedagógico del sector público y 20 mil del privado, tanto de colegios como de institutos. Tercero, por una política pro alumno: mientras no haya garantías de que todos los profesores titulados en pedagogía tengan un alto nivel académico en todas las áreas de docencia, no tiene sentido privarle a los alumnos del derecho a estar en manos de un docente que domine los temas que va a enseñar, especialmente a partir de secundaria en ciencias, computación y áreas técnico productivas.
Por Ghiovani Hinojosa
Publicado en el Suplemento El Domingo
Los videos en el aula generan una retención de 65 por ciento en la memoria de los estudiantes tres días después de una lección, mientras la palabra hablada tiene solo una durabilidad de 10 por ciento en su pensamiento. ¿Será un profesional sin ninguna formación didáctica capaz de advertir estos matices pedagógicos y utilizar estrategias de aprendizaje participativo? Una reciente ley que permite a cualquiera que tenga un título universitario trabajar como profesor escolar pone en riesgo la calidad de la educación que reciben los alumnos peruanos.
Por ghiovANI Hinojosa
“Olvido lo que oigo, recuerdo lo que veo y aprendo lo que hago”, predicaba el pensador chino Confucio antes de la era de la distracción multimedia y el Power Point y las clases virtuales. Esta trilogía pedagógica básica, que ha guiado el ejercicio docente en las últimas décadas y que cobra hoy inédita validez en las aulas escolares, corre el riesgo de ser una abstracción desfasada por los efectos de la polémica Ley 29510, que elimina el requisito de titulación y colegiación profesoral para enseñar en los niveles de primaria y secundaria de los centros educativos estatales y privados. Por ejemplo, un ingeniero de minas desempleado podría tentar suerte como docente de Física sin tener la obligación previa de formarse en metodología. Así, las escuelas de todo el país –que tienen ya suficientes problemas con los educadores de carrera con limitaciones pedagógicas– se perfilarían como auténticos ambientes de sueño y apatía estudiantil.
Una norma con trucos
Alumnos bombardeados de tecnicismos indigestos y docentes sin estrategias motivacionales. Este panorama sombrío fue el que se quiso evitar en el sector educación cuando se promulgó la Ley del Colegio Profesional de Profesores del Perú en 1990. La premisa entonces era lograr la formalización total de los maestros. El 2004, se dio oportunidad a quienes no estaban titulados ni colegiados de hacerlo hasta julio del 2010. Cinco años y medio después de establecido el plazo, la cantidad de docentes sin formación pedagógica, que se desentendieron de esta obligación, es preocupante. Según cálculos del vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz, existen hoy entre 45 y 50 mil profesionales sin título en Educación, que laboran como profesores en inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria en instituciones estatales y privadas a nivel nacional. Es decir, representan la quinta parte del universo de 250 mil docentes de todo el sistema educativo peruano.
Díaz recuerda que, frente a los altos niveles de informalidad docente, la propuesta inicial de los expertos fue ampliar el plazo sin renunciar al objetivo inicial. Pero la Ley 29510, aprobada el 24 de marzo pasado, no solo anuló todo plazo de formalización –con esto evitó los despidos masivos de profesores sin título que estaban previstos para mediados de año–, también abrió las puertas a todo profesional que aspire a trabajar como educador en el área de su especialidad. Un sorpresivo y radical giro que deja en el aire los esfuerzos anteriores por reivindicar la labor profesoral.
El especialista del Consejo Nacional de Educación sostiene que la ley tiene dos errores centrales. Primero, no establece regulaciones específicas para el dictado de determinados cursos. “Al ser el articulado muy general, la norma da pie a que profesionales no docentes dicten materias básicas, como matemáticas y comunicaciones, para las que sí existen profesores debidamente capacitados”, asegura. De este modo, si el espíritu de la ley era permitir que, por ejemplo, técnicos electricistas o mecánicos y egresados de institutos de inglés ejerzan como docentes –ocupando precisamente esas plazas que los educadores profesionales no logran cubrir–, este propósito no está fielmente reflejado en la redacción del dispositivo legal.
Segundo, la Ley 29510 no dice nada sobre la complementación pedagógica que por sentido común requiere todo aquel profesional que desee trabajar como docente. Por ejemplo, un biólogo que pretenda pararse delante de la pizarra para hablar de genética a unos chicos de cuarto de secundaria debe estudiar aspectos básicos de programación curricular, metodología, administración de disciplina y evaluación integral. Todo esto lo podría aprender en cursos que se dictan en las facultades de Educación y duran en promedio dos años, pero la norma, increíblemente, no lo exige. Al respecto, el educador y sociólogo Sigfredo Chiroque, investigador del Instituto de Pedagogía Popular, afirma que existe una fuerte presión de las escuelas privadas –las principales reclutadoras de profesores sin título– para disponer de un marco legal que les permita contratar libremente a profesionales “especializados”. Una muestra de esto serían los colegios preuniversitarios que ofrecen una formación pragmática. Los centros educativos estatales, por su lado, aparecen como plazas menos atractivas para los venidos de otras carreras. “¿Acaso por 1,050 soles mensuales un buen ingeniero, un buen médico o un buen arquitecto se enrolarían en las filas del magisterio? Los profesionales no docentes que enseñan hoy en las escuelas públicas no son los mejores”, sentencia Chiroque.
¡Profesor a sus alumnos!
“No se trata de fabricar robots, sino de humanizar a los alumnos”. Clorinda Macuri, directora del Instituto Superior Pedagógico María Auxiliadora, devuelve el golpe que el gobierno les ha dado a los docentes con la ley que flexibiliza el ejercicio del profesorado. En esta institución educativa las estudiantes eligen su especialidad desde el primer ciclo (inicial, primaria o secundaria en formación laboral), y llevan desde el principio cursos de psicología del niño y del adolescente, de acuerdo con la edad de sus futuros educandos. Marleny Narváez, de 21 años, es una esmerada alumna de la especialidad de primaria de noveno ciclo y asegura que tiene tres ventajas centrales sobre los profesionales de otras carreras para educar a los niños: está familiarizada con las inteligencias múltiples (“si un niño no sabe matemáticas no significa que sea tonto, hay que desarrollar en él otras capacidades”), está entrenada en estrategias de motivación (“a un pequeño de sexto grado hay que recordarle canciones populares para estimular su redacción”) y conoce al detalle el funcionamiento de la amígdala, la zona del cerebro donde nace el interés (“tenemos solo entre 10 y 15 minutos para captar la atención de los estudiantes”). La pregunta nuevamente es: ¿puede un profesional sin ninguna formación pedagógica garantizar una enseñanza de calidad?
Si bien hay docentes con título que duermen a sus alumnos atiborrándolos con información densa, la solución a este problema no puede ser dar carta libre a profesionales que generen más somnolencia. Ya es casi un cliché decir que los profesores de carrera son los culpables de nuestra desgracia educativa nacional. El Ministerio de Educación debería trascender este simplismo y reglamentar con precisión la participación de terceros en la educación de los menores. El mentado futuro del país, ahora sí, está en sus manos.
Una voz DIFERENTE
León Trahtemberg
Educador
Estoy a favor de la Ley 29510 por tres razones. Primero, porque restituye lo establecido por la Ley de Educación del 2003, que fue alterado por la Ley del Colegio de Profesores. Segundo, porque es imposible despedir en julio a 40 mil docentes sin título pedagógico del sector público y 20 mil del privado, tanto de colegios como de institutos. Tercero, por una política pro alumno: mientras no haya garantías de que todos los profesores titulados en pedagogía tengan un alto nivel académico en todas las áreas de docencia, no tiene sentido privarle a los alumnos del derecho a estar en manos de un docente que domine los temas que va a enseñar, especialmente a partir de secundaria en ciencias, computación y áreas técnico productivas.
0 comentarios:
Publicar un comentario