jueves, 1 de octubre de 2009

TRIBUNA ABIERTA

Educando a nuestros hijos
Por Fritz Du Bois
Fuente: Perú 21

De los innumerables sectores que el Estado ha descuidado en los últimos treinta años, el más afectado ha sido la educación. Décadas de predominancia de un sindicato altamente politizado, que no tenía mayor interés en educar por estar más preocupado en evitar que entre profesores existiese diferenciación al margen de los resultados, sumadas a una lista de ministros para el olvido, llevaron a que la educación pública en nuestro país sea la peor en la región.

Los resultados son desastrosos: en las pruebas PISA PLUS, el 87% de los alumnos que egresa de colegios estatales no puede realizar tareas básicas de lectura; es decir, después de 11 años de colegio sale prácticamente analfabeto. Evidentemente, el principal problema radica en los maestros. En ese sentido, haber logrado que los profesores se sometan a evaluaciones y haber creado la carrera magisterial para recompensar a aquellos más motivados y trabajadores es un gran paso.

Sin embargo, aún resta mucho por hacer, y posiblemente el punto de partida –como se resaltó esta semana en la CADE de la Educación– sea definir obligaciones y funciones dentro del Estado. Así tenemos que el improvisado proceso de regionalización que se inició hace siete años ha resultado en una maraña de legislación que ha generado aún más confusión de la que ya existía en el sector Educación.

Aterrizando el impacto del desorden: si empieza el año escolar y en un caserío cerca de Bagua no se ha cubierto la plaza del profesor, las tres instancias de gobierno –central, regional y municipal– se pasan la pelota, nadie asume la responsabilidad por haber dejado a decenas de niños sin maestro. El promulgar, este año, una ley que defina claramente las funciones estatales es fundamental.

Por otro lado, al paso de tortuga que siempre va el Estado, es probable que perdamos dos o tres generaciones más de peruanos antes de que se logren resultados. Para contrarrestarlo se pueden ganar valiosos años fomentando las asociaciones público-privadas, como el exitoso caso de Fe y Alegría. Aquí nuevamente no hay claridad en la legislación y es un vía crucis cuando alguien –empresario, orden religiosa, asociación o fundación– trata de ayudar adoptando colegios del Estado. Una ley que defina y facilite el camino sería vital para darles esperanza a niños que, hoy, la demagogia está condenando a la mediocridad.

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