TRIBUNA ABIERTA

Inequidades salariales: doble discriminación
Editorial- El Comercio

Hablar de discriminación, racismo, intolerancia y xenofobia suele ser a veces un ejercicio inútil en nuestro país porque equivocadamente se suele negar la existencia de esas nefastas prácticas sociales. Sin embargo, como bien señala el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Perú se halla muy lejos de ser una colectividad equitativa, por lo menos en lo que se refiere al pago de sueldos y salarios, donde prevalece una doble discriminación de raza y de sexo.

En la práctica, no solo las mujeres siguen ganando menos que los varones, sino que el color de piel continua siendo un criterio contundente para ciertos empleadores discriminadores que marginan al personal mestizo, afroperuano o indígena, en beneficio de varones de raza blanca, a pesar de que los primeros desarrollan las mismas funciones que los segundos, con las similares potencialidades, edad y nivel de instrucción.

El caso de la mujer es, sin duda, sintomático de nuestro retraso, no solo en el Perú sino en la mayoría de naciones latinoamericanas. Evidentemente, es una vergüenza que ocupemos el cuarto lugar en la región, en la lista de países con mayores brechas salariales, título que nos empequeñece en materia del respeto de derechos humanos.

Es claro que, desde inicios del presente siglo, organismos supranacionales como Naciones Unidas y ahora el BID se han preocupado por poner en agenda este problema y los perjuicios que acarrea. Y es que la exclusión social que prevalece en el ámbito laboral también frena la competitividad, es decir, la posibilidad de muchos peruanos de competir en igualdad de condiciones y, por lo tanto, de contribuir al desarrollo que necesitamos.

En el 2001, en las sesiones preparatorias de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la ONU alertó sobre estas prácticas y sobre la interrelación existente entre discriminación y pobreza. Entonces, el mensaje de consenso fue: “Si no queremos más prácticas racistas, combatamos la miseria”. También se reconoció que en Latinoamérica en pleno siglo XXI había una “interseccionalidad” respecto a la mujer; es decir, que esta era marginada doblemente. Hoy el informe del BID —denominado “Nuevo siglo, viejas disparidades”— concluye que la discriminación laboral que sufrimos está directamente relacionada con el nivel educativo de cada colectividad. En otras palabras, que solo una educación extendida y de calidad podría reducir significativamente las diferencias de salarios.

Por ello resulta explicable que, en el caso del factor género, la menor brecha salarial se encuentre entre la gente joven con título universitario, o que la diferencia sea menor entre los trabajadores formales y mayor entre quienes laboran en pequeñas empresas. Así también podemos entender por qué grupos étnicos ganan en promedio menos que otros con el mismo grado de escolaridad.

La situación compromete a todos los peruanos, pero en especial al Estado llamado a potenciar o reformular las políticas sociales destinadas a reducir este tipo de desigualdades sociales. Después de todo, como reconocen los economistas, el mercado no puede funcionar bien sin la participación del Estado. Además, la verdadera democracia es aquella que trabaja por y para la defensa de los derechos y deberes de los ciudadanos y, en la práctica, adecúa los modelos económicos para que los superávit no solo sean macroeconómicos sino también sociales.