jueves, 17 de septiembre de 2009

TRIBUNA ABIERTA

Abusos en colegios: ¿Quién gana? ¿Quién pierde?
Editorial El Comercio

Los estudiosos del mercado revelan que la educación, hoy más que antes, ha pasado a convertirse en un bien no discrecional. Es decir, a pesar de sus escasos recursos, las familias no regatean esfuerzos para hacer que sus hijos acudan al colegio, porque consideran que el estudio es una de las columnas sobre las cuales se asienta el futuro de sus hijos, y es una prioridad en sus economías después de la alimentación.

Por ello resulta simplemente injusto que algunos planteles escolares privados incurran en abusos, como penalizar a los padres de familia con cobros indebidos que gravan los precarios bolsillos y que, en el fondo, solo se aprovechan de la situación y de las expectativas de los estudiantes y de sus progenitores.

Pero eso no es todo. Como ha comprobado el Indecopi, estos malos colegios prácticamente han perdido la mística y el compromiso social cuando, además, condicionan las matrículas al pago de algunos derechos. Evidentemente, nadie pretende que los servicios del sistema privado sean gratuitos, pero ello de ninguna manera implica perjudicar al alumno y su proceso de enseñanza-aprendizaje, sino de buscar salidas que permitan que los padres cumplan las obligaciones adquiridas.

Eso no lo entienden quienes someten a los escolares a maltratos psicológicos, situaciones penosas o de vergüenza frente al resto de la comunidad estudiosa.

Si esto es un abuso, igual de criticable resulta que algunos gestores de colegios particulares maltraten a los estudiantes y obliguen a las familias a comprar uniformes, libros, seguros o tarjetas de bingo; prácticas inconcebibles en instituciones cuya finalidad gira en torno a la educación y la formación del individuo.

El tema no es un juego: de enero a setiembre, el Indecopi ha procesado 156 denuncias contra 45 centros educativos multados por estas y otras infracciones por un monto total de S/.250.795.

La mala noticia es que estas sanciones no se hicieron efectivas por denuncia expresa de los padres, sino que la mayoría (129 de 156) fueron aplicadas de oficio por el Indecopi. Solo 27 fueron tramitadas por los propios afectados, lo que revela que muchos consumidores no conocen sus derechos y, lo peor, no los están haciendo valer.

El Ministerio de Educación debería tomar nota de estas sanciones y, sobre todo, hacerles un seguimiento. De continuar los abusos y las malas prácticas, los planteles denunciados tendrían que ser cerrados porque carecen de la motivación que norma a toda institución educativa.

Ese es el papel del ministerio que, por el contrario, no debería dudar en apoyar cualquier iniciativa proveniente de colegios modelo, que no solo cumplen sus tareas con esmero y excelencia sino que innovan y cada día incorporan a más niños a la educación. Allí está el caso de Fe y Alegría: 40 años en el Perú, 77 planteles en todo el país y desde hace ocho años con varios institutos superiores que funcionan en diferentes regiones para capacitar a los chicos que salen del colegio en carreras técnicas.

Los colegios, sean públicos o privados, no pueden incurrir en prácticas discriminatorias y humillantes. Por eso, instamos a las autoridades del sector Educación a frenar excesos intolerables que solo contribuyen a alentar injustas desigualdades.

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