viernes, 19 de noviembre de 2010

TRIBUNA ABIERTA

Cuidadito con la municipalización
Por Laura Arroyo
Publicado en el Blog. del autor

Si ya sé, todo el mundo está hablando de dos cosas: el CADE en Urubamba o la confirmación de la candidatura presidencial de Alejandro Toledo. Pero estaba debiendo este post sobre educación hace varios días y aprovecho que Toledo ha afirmado que su prioridad será educación para que mi post entre en coyuntura. Aunque, claro, la educación debería estar en la agenda siempre.

Hace unas semanas, leí un post preocupado en SpacioLibre respecto a la municipalización de la educación. Sé que algunos sugieren que la municipalización es el siguiente paso en la reforma educativa, pero permítanme discrepar un poquito. Es fundamental descentralizar la educación, pero de ahí a creer que, disfrazada de “medida descentralizadora” debemos ingresar al sistema de la municipalización educativa sin tomar en cuenta la heterogeneidad municipal que hay en el Perú y la débil institucionalidad de la mayoría de gobiernos locales, hay un largo y peligroso trecho.

En este mismo sentido, me sorprende leer, ver, escuchar, etc. a algunos técnicos a favor de la municipalización pues si algo falta es justamente una lectura técnica sobre lo perjudicial que sería esta medida si se aplica a todo el país de golpe. Pero para que esto quede más claro vamos pasito a pasito. ¿Qué pasaría con la municipalización?

Como su nombre indica, la municipalización de la educación busca que los gobiernos locales asuman determinadas funciones educativas. Por un lado, se harían cargo de la parte administrativa (pago de salarios a docentes, por ejemplo) y también tendrían determinadas funciones correspondientes al área pedagógica. Esta es, en simple, la intención de la municipalización, veamos ahora la historia.


Desde el año 2007, se empezaron a incorporar algunos gobiernos locales al proyecto de “Municipalización de la Educación”. Entre el 2007 y el 2009, un aproximado de 35 municipalidades entraron a este sistema. Digo "aproximado" porque hay cifras diferentes en el MINEDU, en la Defensoría del Pueblo, y en Foro Educativo. Así que lo más exacto sería decir que no fueron más de 35. Sin embargo, el 21 de octubre, la Presidencia de la República emitió un Decreto Supremo en el cual disponía la incorporación de 606 gobiernos locales al programa de municipalización. ¿Qué 606 municipalidades? Las que se encuentran inscritas en el Programa Social Juntos, vale decir, a aquellos gobiernos locales en los lugares de mayor pobreza en el país.


De arranque ya parece medio raro que las localidades donde la pobreza es un problema cotidiano sean las incluidas en el proceso de municipalización, pero digamos que podríamos darle el beneficio de la duda al proyecto si, a lo mejor, la evaluación de las que participaron en el piloto fue exitosa. Sin embargo, acá entra el problema principal: ¿qué datos arrojó la evaluación sobre las primeras 35 municipalidades incluidas en este sistema descentralizador?


Mónica Gallirgos, Jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo exhortó al MINEDU a evaluar la pertinencia del reciente decreto. Resulta que en el informe defensorial No 148 se presentan una serie de observaciones a las primeras 35 municipalidades que se incorporaron al sistema. Por ejemplo, se afirmó que se prioriza la transferencia administrativa antes que la pedagógica y que el presupuesto no permite cubrir los servicios básicos de las instituciones educativas. Por otro lado, afirmó que la principal recomendación de la Defensoría del Pueblo fue la necesidad de brindar un rol prioritario a los gobiernos regionales antes que locales y que se contemple el contexto particular de las municipalidades en el país. Algunas cuentan con poco presupuesto y otras con poco personal, este es el caso de muchas de las incorporadas por el decreto.


Si estos argumentos no les parecen suficientes, acá va un pronunciamiento de Foro Educativo (leer aquí) en el cual afirman que este decreto no contribuye con mejorar la calidad educativa sino que todo lo contrario, enfatizará las brechas entre la calidad educativa que reciben aquellos con más recursos y aquellos con menos. Es una medida polémica y peligrosa.


El problema, como vemos, es que se trata principalmente de una medida electorera. Es el último año de gobierno del Presidente García y busca presentar grandes logros cuando, lo que ha ocurrido en educación durante su gestión es que, fuera de la necesidad de implementar una Ley de Carrera Pública (con correcciones, dado que la propuesta por el APRA tiene todavía varias falencias), no se ha avanzado en nada de lo propuesto por el Consejo Nacional de Educación que ya elaboró el Proyecto Educativo Nacional en el cual se explica lo que hay que hacer, paso a paso, para lograr la urgente reforma integral en educación.


Lamentablemente, la improvisación no nos llevará a ningún lado y tampoco la intención de presentar como grandes logros, pasos errados como el de la municipalización que, sin una evaluación integral del proyecto piloto, se extenderá a gobiernos locales que no tienen la capacidad de asumir semejante tarea. Por otro lado, si se logra detener esta medida peligrosa quedará la confusión respecto a las funciones educativas de estos municipios. La pregunta es: ¿Qué va a recibir en materia de educación el próximo gobierno? Esta es una verdadera papa caliente.

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