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Defensoría del Pueblo: Transferencia de la educación a municipios más pobres del país sin condiciones adecuadas no mejorará la calidad educativa.
La Jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, Mónica Gallirgos, exhortó al Ministerio de Educación y a la Secretaria de Descentralización evaluar la pertinencia de haber incorporado a más de 600 municipalidades al plan piloto de la Gestión de la educación sin haber realizado una evaluación integral de dicho plan en su etapa inicial cuando tenía sólo 35 municipalidades. “No existe una evaluación con indicadores que nos permitan medir el plan lo que hay son informes que narran el quehacer de las municipalidades”.
En contacto con el programa radial HABLAEDUCACIÓN, la funcionaria consideró que la incorporación de las comunas de los distritos más pobres del país al plan de municipalización de la gestión educativa difícilmente contribuirán en la mejora de la calidad educativa del país, sino se cuenta con las condiciones adecuadas. “Nosotros creemos que las municipalidades son un nivel de gobierno que por su cercanía a la población podrían ser los encargados de la gestión de la educación, siempre y cuando se le de las condiciones necesarias para asumir este reto, como un presupuesto adecuado y un acompañamiento permanente por parte del MINEDU y del gobierno regional”.
Gallirgos explicó que la preocupación de la Defensoria del Pueblo se centra en las dificultades subsistentes advertidas en el informe Defensorial Nº 148, en el cual, se muestran grandes falencias de la implementación del plan en 31 municipalidades durante los años 2007 al 2009.
Según detalló entre las observaciones realizadas al diseño del plan y su implementación sobresalen, la priorización de la transferencia administrativa antes de que la pedagógica y la insuficiencia del presupuesto para cubrir los servicios básicos de las instituciones educativas y las responsabilidades de supervisión. “ Del presupuesto transferido, un 96% se refiere a gastos de planilla y un 3% para cubrir pagos de servicios que resultaba insuficiente para realizar responsabilidades como el control de asistencia y permanencia del docente que implica el traslado de funcionarios a las instituciones educativas que en el caso de la zonas rurales se encuentran en zonas alejadas y de difícil acceso”.
La falta de involucramiento de los gobiernos regionales y ausencia de concertación entre los tres niveles de gobierno, fue otra de las observaciones del Defensoría del Pueblo en torno a la implementación del plan de municipalización de la educación. “La principal recomendación de la Defensoría del Pueblo ha sido brindar un rol prioritario a los gobiernos regionales en torno a la transferencia y delegación de funciones.
Finalmente, indicó que la principal observación sobre el diseño del plan de municipalización de gestión educativa fue el no haber contemplado la heterogeneidad municipal que hay en el país. “Existen municipalidades rurales con poco presupuesto con poco personal. Se dijo que se iba implementar el FONCOMUNJE, un fondo que tenía por finalidad compensar estas desigualdades sin embargo hasta ahora no se ha implementado ningún mecanismo que pueda compensar estas diferencias y eviten el acentuar las inequidades de la educación.
La Jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, Mónica Gallirgos, exhortó al Ministerio de Educación y a la Secretaria de Descentralización evaluar la pertinencia de haber incorporado a más de 600 municipalidades al plan piloto de la Gestión de la educación sin haber realizado una evaluación integral de dicho plan en su etapa inicial cuando tenía sólo 35 municipalidades. “No existe una evaluación con indicadores que nos permitan medir el plan lo que hay son informes que narran el quehacer de las municipalidades”.
En contacto con el programa radial HABLAEDUCACIÓN, la funcionaria consideró que la incorporación de las comunas de los distritos más pobres del país al plan de municipalización de la gestión educativa difícilmente contribuirán en la mejora de la calidad educativa del país, sino se cuenta con las condiciones adecuadas. “Nosotros creemos que las municipalidades son un nivel de gobierno que por su cercanía a la población podrían ser los encargados de la gestión de la educación, siempre y cuando se le de las condiciones necesarias para asumir este reto, como un presupuesto adecuado y un acompañamiento permanente por parte del MINEDU y del gobierno regional”.
Gallirgos explicó que la preocupación de la Defensoria del Pueblo se centra en las dificultades subsistentes advertidas en el informe Defensorial Nº 148, en el cual, se muestran grandes falencias de la implementación del plan en 31 municipalidades durante los años 2007 al 2009.
Según detalló entre las observaciones realizadas al diseño del plan y su implementación sobresalen, la priorización de la transferencia administrativa antes de que la pedagógica y la insuficiencia del presupuesto para cubrir los servicios básicos de las instituciones educativas y las responsabilidades de supervisión. “ Del presupuesto transferido, un 96% se refiere a gastos de planilla y un 3% para cubrir pagos de servicios que resultaba insuficiente para realizar responsabilidades como el control de asistencia y permanencia del docente que implica el traslado de funcionarios a las instituciones educativas que en el caso de la zonas rurales se encuentran en zonas alejadas y de difícil acceso”.
La falta de involucramiento de los gobiernos regionales y ausencia de concertación entre los tres niveles de gobierno, fue otra de las observaciones del Defensoría del Pueblo en torno a la implementación del plan de municipalización de la educación. “La principal recomendación de la Defensoría del Pueblo ha sido brindar un rol prioritario a los gobiernos regionales en torno a la transferencia y delegación de funciones.
Finalmente, indicó que la principal observación sobre el diseño del plan de municipalización de gestión educativa fue el no haber contemplado la heterogeneidad municipal que hay en el país. “Existen municipalidades rurales con poco presupuesto con poco personal. Se dijo que se iba implementar el FONCOMUNJE, un fondo que tenía por finalidad compensar estas desigualdades sin embargo hasta ahora no se ha implementado ningún mecanismo que pueda compensar estas diferencias y eviten el acentuar las inequidades de la educación.
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