TRIBUNA ABIERTA
Con intolerancia el Perú no avanza
Por Ghiovani Hinojosa
Publicado en el Suplemento Domingo
Primero fue el intento de expulsión del religioso británico Paul Mc Auley. Luego un spot televisivo que sataniza las protestas sociales. Al gobierno aprista le cuesta mucho respetar las posiciones discrepantes, prefiere desacreditarlas y convencerse de que el Perú avanza. Aquí los rasgos que configuran el autoritarismo aprista del segundo gobierno de Alan García.
El religioso inglés Paul Mc Auley había reído una semana entera en medio del follaje del río Putumayo. Ver a los niños nativos recitar poemas e improvisar cantos sobre el vuelo en las lenguas huitoto, cocama y secoya es un verdadero ejercicio lúdico para quien, como él, mastica a duras penas el castellano. “Yo estaba allí para disfrutar”, bromea. En realidad, estuvo allí, en un pueblo conocido como El Estrecho, más cerca de Colombia que del centro de Loreto, para dictar un ciclo de talleres sobre identidad cultural y cuidado de los recursos naturales. Los asistentes eran estudiantes de colegios e institutos tecnológicos de la zona. Como broche de oro de estas actividades, se le ocurrió darles un estrado imaginario a los más pequeños, permitirles ser las estrellas histriónicas de esta tierra ignorada. Les propuso hacer poesía, canto y baile en sus dialectos originarios, y premiar las actuaciones más elaboradas. Entonces, en medio de la espesura del monte, sobrevino la risa, la espontaneidad, la chacota. “La idea era que se sientan bien con su propio idioma”, explica el hermano miembro de la Congregación La Salle. Pero el jolgorio se disipó cuando volvió a Iquitos.
El jueves 1 de julio, a las 9 de la mañana, cuando todavía recordaba los fraseos místicos de los niños indígenas, un agente de Seguridad del Estado llamó a su puerta. Estaba en el local de la Red Ambiental Loretana, una ONG que preside desde el 2006, y mientras firmaba el cargo observaba extrañado las palabras iniciales del documento que recibía. “Yo no podía creerlo: que era un elemento de desorden social, que había hablado en contra del Estado”, relata por teléfono desde Iquitos. La resolución ministerial que tenía entre manos ordenaba cancelar su residencia y le daba siete días para salir del país. Concretamente, lo acusaba de haber cometido la infracción descrita en la primera parte del Artículo 63 de la Ley de Extranjería. Esta norma prohíbe a los extranjeros realizar “actos contra la Seguridad del Estado, el Orden Público Interior, la Defensa Nacional”. En base a un informe de inteligencia policial, el documento sostenía que Paul Mc Auley “ha venido participando en diferentes actividades de carácter político, tales como marchas de protestas por las principales calles de la ciudad de Iquitos contra el Estado Peruano y demás actos que constituyen alteración del orden público (…)”. Aquí surgen las primeras preguntas dictadas por el sentido común: ¿Acaso alzar la voz en una marcha es delito según nuestro ordenamiento legal? ¿Las protestas por sí mismas constituyen alteración del orden público? ¿No está claro que una cosa es protestar con pancartas en las manos y otra hacerlo incendiando edificios estatales?
El abogado Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, desmenuza este cambalache jurídico: “Intentan acusarlo de alteración del orden público, un concepto que está referido a actividades violentas que causan alarma en la población, por ejemplo la destrucción de bienes públicos o privados. Esto (en el caso del religioso Mc Auley) no está demostrado más allá de la simple alusión que hace el Estado. El atestado policial no dice nada; yo lo he leído, y no ofrece pruebas concretas de lo que afirma”.
Mc Auley está seguro de que no destruyó ningún inmueble estatal. “Nosotros hemos participado como Red Ambiental y como miembros de la Iglesia en marchas pacíficas para pedir, por ejemplo, la aplicación de la sentencia judicial que declara ilegales las concesiones en la Cuenca del Mazán. También hemos informado lo que tal vez prefieren que no sea informado, en comunidades, universidades y colegios. Es que no hemos tenido un debate público para fijar la posición de Loreto sobre la nueva ley forestal. El 99% de la población no tiene idea de que hay una nueva ley forestal que va a entrar en vigencia. La gente en general no reconoce el valor de sus recursos. Entonces, tenemos que educarla en el valor del agua y el valor del bosque”, explica. Además, revela un detalle que demostraría la arbitrariedad de su eventual expulsión: según la versión oficial, las investigaciones policiales concluyeron en agosto del 2009, solo un mes antes de que le renovaran su carné de extranjería. “Si algo estaba mal en agosto, ¿por qué me renovaron el carné en setiembre?”, se pregunta con toda lógica.
¿Cómo así un religioso que lleva 20 años de servicio –los primeros 10 de ellos dedicados a la fundación de colegios Fe y Alegría en el Cono Norte de Lima– es acusado de haber estado “soliviantando a la gente”, según palabras del primer ministro Javier Velásquez Quesquén? La respuesta, a decir de los analistas consultados para esta nota, es una sola: el gobierno ha inaugurado un nuevo estado de intolerancia frente a todo atisbo de pensamiento crítico. El caso de Paul Mc Auley es una de las primeras rayas del tigre: su situación judicial se calmó hace unos días cuando la Corte Superior de Justicia de Loreto aprobó un recurso de hábeas corpus presentado por sus abogados. El “cura del hortelano” –como lo bautizó Augusto Álvarez Rodrich, en alusión irónica a la doctrina proinversión ideada por el presidente Alan García en unos artículos de opinión– podrá permanecer en el país hasta que se legitimen judicialmente las razones de su salida, es decir uno o dos meses más. Pero la forma más abierta de intolerancia gubernamental está en el horario prime time de nuestros televisores.
El último spot aprista
“¡Alerta! Mientras el Perú avanza firme hacia el futuro, se ha iniciado una guerra contra el empleo y el desarrollo. Por razones políticas e ideológicas, vienen realizando una gran ofensiva para detener a nuestro país (…)”, dice una voz engolada y alarmista. En la pantalla, desfilan sobre un fondo negro imágenes de protestas, como la de Islay (Arequipa) contra el proyecto minero Tía María, de Southern. Esta pieza audiovisual de 45 segundos se ha venido difundiendo desde hace dos semanas en los horarios estelares de los principales canales del país.
“Es el mismo tono que utilizaron para demoler la candidatura de Vargas Llosa (en las elecciones de 1990), yo creo que ese síndrome se repite. Se han quedado fijados con este tipo de propaganda alarmista, exaltada, muy esquemática. Su intención es repetir lo que, consideran, fue un éxito de ese comercial (el de Vargas Llosa): manipular a la opinión pública exacerbando los ánimos contra unos supuestos agitadores sociales que atacan el desarrollo. Pero nadie más que ellos ve que ese sea el gran problema de la economía peruana”, interpreta el psicoanalista Jorge Bruce. En efecto, el clima de zozobra social que describe el spot no constituye la principal preocupación de los empresarios del país por estos días.
La XI Encuesta Anual a Líderes Empresariales de la Universidad de Lima, de noviembre último, desmorona el castillo propagandístico gubernamental: la principal medida para impulsar la actividad empresarial (entiéndase, las inversiones), según la mayoría (23.8%), es modernizar el Estado y fortalecer las instituciones. En otras palabras, en vez de spots manipuladores, el sector privado reclama reformas estructurales, por ejemplo, a nivel ministerial y en el Poder Judicial.
Ya en junio del 2009, el Poder Ejecutivo había sorprendido a los televidentes peruanos con un spot que cuestionaba el salvajismo de los pobladores amazónicos durante el ‘Baguazo’. Lo hacía difundiendo imágenes truculentas de los policías asesinados en una estación petrolera. La socióloga Carmen Vildoso, entonces ministra de la Mujer y abierta opositora a estas prácticas propagandísticas, comenta sobre el nuevo tacto audiovisual de Alan García: “El spot busca que la población tenga una imagen de la protesta social como equivalente a acciones terroristas, por eso los únicos acercamientos de cámara que tenemos son los de un muchacho con el rostro cubierto y lanzando una bombarda”.
La estrategia de un gobierno de crear enemigos visibles que puedan encarnar todos los males políticos es una hábil manera de disimular gestiones mediocres. El religioso Paul Mc Auley y los protestantes criminalizados por un spot polarizador no son las únicas víctimas de esta arremetida intolerante. Cualquiera puede ser convertido ahora en el cuco feroz que pone en riesgo el progreso si se opone al pensamiento presidencial.
¿Este es el beneficio de las inversiones?
La noche del 25 de junio, una pared del pozo de relaves de la mina Huachocolpa 1, en Huancavelica, se vino abajo. Más de 21 mil metros cúbicos de desperdicios tóxicos fueron vertidos sobre el río Opamayo, según el reporte preliminar del Instituto de Defensa Civil. La corriente de las aguas arrastró las sustancias nocivas a otros ríos, como Escalera y Totora. “He visto en medio del río (a pobladores) cogiendo truchas muertas flotantes, y luego han tratado de comercializar todo eso aquí en la población de Lircay”, revela a Domingo César Zorrilla, alcalde provincial de Angaraes. Se sabe que hay niños que han comido por tres días truchas con plomo, cianuro y otros metales. “Los animales están privados de tomar agua, están adelgazando”, dice, afectado, el presidente del Comité de Fiscalización de Medio Ambiente de la zona, Edgar Quispe. ¿Por qué ocurrió este desastre ecológico? Según José Luis López Follegatti, experto en resolución de conflictos mineros, por una doble negligencia de la empresa operadora, Caudalosa, propiedad del Grupo Raffo. Esta no solo dejó de cumplir las recomendaciones técnicas que le dio el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en julio pasado, sino que elevó el nivel de aguas de su pozo de relaves de 5 a 10 metros, algo impedido por el diseño original. “¿Por qué se subió de 5 a 10? Porque se produjo más. ¿Por qué se produjo más? Porque el gobierno con signos como el último spot presiona para que se produzca más”, explica López. Caudalosa tiene un promedio de 12 procesos administrativos pendientes en Osinergmin y multas que ascienden a 864 mil soles. La empresa las ha desconocido. Para poder retirarles la concesión entregada, hay que reformar la Ley de Minería. ¿En qué está ocupado el Ejecutivo si no es en promover este cambio? En maquinar spots.
Por Ghiovani Hinojosa
Publicado en el Suplemento Domingo
Primero fue el intento de expulsión del religioso británico Paul Mc Auley. Luego un spot televisivo que sataniza las protestas sociales. Al gobierno aprista le cuesta mucho respetar las posiciones discrepantes, prefiere desacreditarlas y convencerse de que el Perú avanza. Aquí los rasgos que configuran el autoritarismo aprista del segundo gobierno de Alan García.
El religioso inglés Paul Mc Auley había reído una semana entera en medio del follaje del río Putumayo. Ver a los niños nativos recitar poemas e improvisar cantos sobre el vuelo en las lenguas huitoto, cocama y secoya es un verdadero ejercicio lúdico para quien, como él, mastica a duras penas el castellano. “Yo estaba allí para disfrutar”, bromea. En realidad, estuvo allí, en un pueblo conocido como El Estrecho, más cerca de Colombia que del centro de Loreto, para dictar un ciclo de talleres sobre identidad cultural y cuidado de los recursos naturales. Los asistentes eran estudiantes de colegios e institutos tecnológicos de la zona. Como broche de oro de estas actividades, se le ocurrió darles un estrado imaginario a los más pequeños, permitirles ser las estrellas histriónicas de esta tierra ignorada. Les propuso hacer poesía, canto y baile en sus dialectos originarios, y premiar las actuaciones más elaboradas. Entonces, en medio de la espesura del monte, sobrevino la risa, la espontaneidad, la chacota. “La idea era que se sientan bien con su propio idioma”, explica el hermano miembro de la Congregación La Salle. Pero el jolgorio se disipó cuando volvió a Iquitos.
El jueves 1 de julio, a las 9 de la mañana, cuando todavía recordaba los fraseos místicos de los niños indígenas, un agente de Seguridad del Estado llamó a su puerta. Estaba en el local de la Red Ambiental Loretana, una ONG que preside desde el 2006, y mientras firmaba el cargo observaba extrañado las palabras iniciales del documento que recibía. “Yo no podía creerlo: que era un elemento de desorden social, que había hablado en contra del Estado”, relata por teléfono desde Iquitos. La resolución ministerial que tenía entre manos ordenaba cancelar su residencia y le daba siete días para salir del país. Concretamente, lo acusaba de haber cometido la infracción descrita en la primera parte del Artículo 63 de la Ley de Extranjería. Esta norma prohíbe a los extranjeros realizar “actos contra la Seguridad del Estado, el Orden Público Interior, la Defensa Nacional”. En base a un informe de inteligencia policial, el documento sostenía que Paul Mc Auley “ha venido participando en diferentes actividades de carácter político, tales como marchas de protestas por las principales calles de la ciudad de Iquitos contra el Estado Peruano y demás actos que constituyen alteración del orden público (…)”. Aquí surgen las primeras preguntas dictadas por el sentido común: ¿Acaso alzar la voz en una marcha es delito según nuestro ordenamiento legal? ¿Las protestas por sí mismas constituyen alteración del orden público? ¿No está claro que una cosa es protestar con pancartas en las manos y otra hacerlo incendiando edificios estatales?
El abogado Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, desmenuza este cambalache jurídico: “Intentan acusarlo de alteración del orden público, un concepto que está referido a actividades violentas que causan alarma en la población, por ejemplo la destrucción de bienes públicos o privados. Esto (en el caso del religioso Mc Auley) no está demostrado más allá de la simple alusión que hace el Estado. El atestado policial no dice nada; yo lo he leído, y no ofrece pruebas concretas de lo que afirma”.
Mc Auley está seguro de que no destruyó ningún inmueble estatal. “Nosotros hemos participado como Red Ambiental y como miembros de la Iglesia en marchas pacíficas para pedir, por ejemplo, la aplicación de la sentencia judicial que declara ilegales las concesiones en la Cuenca del Mazán. También hemos informado lo que tal vez prefieren que no sea informado, en comunidades, universidades y colegios. Es que no hemos tenido un debate público para fijar la posición de Loreto sobre la nueva ley forestal. El 99% de la población no tiene idea de que hay una nueva ley forestal que va a entrar en vigencia. La gente en general no reconoce el valor de sus recursos. Entonces, tenemos que educarla en el valor del agua y el valor del bosque”, explica. Además, revela un detalle que demostraría la arbitrariedad de su eventual expulsión: según la versión oficial, las investigaciones policiales concluyeron en agosto del 2009, solo un mes antes de que le renovaran su carné de extranjería. “Si algo estaba mal en agosto, ¿por qué me renovaron el carné en setiembre?”, se pregunta con toda lógica.
¿Cómo así un religioso que lleva 20 años de servicio –los primeros 10 de ellos dedicados a la fundación de colegios Fe y Alegría en el Cono Norte de Lima– es acusado de haber estado “soliviantando a la gente”, según palabras del primer ministro Javier Velásquez Quesquén? La respuesta, a decir de los analistas consultados para esta nota, es una sola: el gobierno ha inaugurado un nuevo estado de intolerancia frente a todo atisbo de pensamiento crítico. El caso de Paul Mc Auley es una de las primeras rayas del tigre: su situación judicial se calmó hace unos días cuando la Corte Superior de Justicia de Loreto aprobó un recurso de hábeas corpus presentado por sus abogados. El “cura del hortelano” –como lo bautizó Augusto Álvarez Rodrich, en alusión irónica a la doctrina proinversión ideada por el presidente Alan García en unos artículos de opinión– podrá permanecer en el país hasta que se legitimen judicialmente las razones de su salida, es decir uno o dos meses más. Pero la forma más abierta de intolerancia gubernamental está en el horario prime time de nuestros televisores.
El último spot aprista
“¡Alerta! Mientras el Perú avanza firme hacia el futuro, se ha iniciado una guerra contra el empleo y el desarrollo. Por razones políticas e ideológicas, vienen realizando una gran ofensiva para detener a nuestro país (…)”, dice una voz engolada y alarmista. En la pantalla, desfilan sobre un fondo negro imágenes de protestas, como la de Islay (Arequipa) contra el proyecto minero Tía María, de Southern. Esta pieza audiovisual de 45 segundos se ha venido difundiendo desde hace dos semanas en los horarios estelares de los principales canales del país.
“Es el mismo tono que utilizaron para demoler la candidatura de Vargas Llosa (en las elecciones de 1990), yo creo que ese síndrome se repite. Se han quedado fijados con este tipo de propaganda alarmista, exaltada, muy esquemática. Su intención es repetir lo que, consideran, fue un éxito de ese comercial (el de Vargas Llosa): manipular a la opinión pública exacerbando los ánimos contra unos supuestos agitadores sociales que atacan el desarrollo. Pero nadie más que ellos ve que ese sea el gran problema de la economía peruana”, interpreta el psicoanalista Jorge Bruce. En efecto, el clima de zozobra social que describe el spot no constituye la principal preocupación de los empresarios del país por estos días.
La XI Encuesta Anual a Líderes Empresariales de la Universidad de Lima, de noviembre último, desmorona el castillo propagandístico gubernamental: la principal medida para impulsar la actividad empresarial (entiéndase, las inversiones), según la mayoría (23.8%), es modernizar el Estado y fortalecer las instituciones. En otras palabras, en vez de spots manipuladores, el sector privado reclama reformas estructurales, por ejemplo, a nivel ministerial y en el Poder Judicial.
Ya en junio del 2009, el Poder Ejecutivo había sorprendido a los televidentes peruanos con un spot que cuestionaba el salvajismo de los pobladores amazónicos durante el ‘Baguazo’. Lo hacía difundiendo imágenes truculentas de los policías asesinados en una estación petrolera. La socióloga Carmen Vildoso, entonces ministra de la Mujer y abierta opositora a estas prácticas propagandísticas, comenta sobre el nuevo tacto audiovisual de Alan García: “El spot busca que la población tenga una imagen de la protesta social como equivalente a acciones terroristas, por eso los únicos acercamientos de cámara que tenemos son los de un muchacho con el rostro cubierto y lanzando una bombarda”.
La estrategia de un gobierno de crear enemigos visibles que puedan encarnar todos los males políticos es una hábil manera de disimular gestiones mediocres. El religioso Paul Mc Auley y los protestantes criminalizados por un spot polarizador no son las únicas víctimas de esta arremetida intolerante. Cualquiera puede ser convertido ahora en el cuco feroz que pone en riesgo el progreso si se opone al pensamiento presidencial.
¿Este es el beneficio de las inversiones?
La noche del 25 de junio, una pared del pozo de relaves de la mina Huachocolpa 1, en Huancavelica, se vino abajo. Más de 21 mil metros cúbicos de desperdicios tóxicos fueron vertidos sobre el río Opamayo, según el reporte preliminar del Instituto de Defensa Civil. La corriente de las aguas arrastró las sustancias nocivas a otros ríos, como Escalera y Totora. “He visto en medio del río (a pobladores) cogiendo truchas muertas flotantes, y luego han tratado de comercializar todo eso aquí en la población de Lircay”, revela a Domingo César Zorrilla, alcalde provincial de Angaraes. Se sabe que hay niños que han comido por tres días truchas con plomo, cianuro y otros metales. “Los animales están privados de tomar agua, están adelgazando”, dice, afectado, el presidente del Comité de Fiscalización de Medio Ambiente de la zona, Edgar Quispe. ¿Por qué ocurrió este desastre ecológico? Según José Luis López Follegatti, experto en resolución de conflictos mineros, por una doble negligencia de la empresa operadora, Caudalosa, propiedad del Grupo Raffo. Esta no solo dejó de cumplir las recomendaciones técnicas que le dio el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en julio pasado, sino que elevó el nivel de aguas de su pozo de relaves de 5 a 10 metros, algo impedido por el diseño original. “¿Por qué se subió de 5 a 10? Porque se produjo más. ¿Por qué se produjo más? Porque el gobierno con signos como el último spot presiona para que se produzca más”, explica López. Caudalosa tiene un promedio de 12 procesos administrativos pendientes en Osinergmin y multas que ascienden a 864 mil soles. La empresa las ha desconocido. Para poder retirarles la concesión entregada, hay que reformar la Ley de Minería. ¿En qué está ocupado el Ejecutivo si no es en promover este cambio? En maquinar spots.
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