jueves, 29 de abril de 2010

ARTÍCULOS DE ASOCIADOS

Más allá de la ley 29510
Por Luis Miguel Saravia C.

La ley 29510 (10.03.10) exceptúa del requisito de colegiación a los profesionales con títulos distintos al de educación que ejercen la docencia en áreas de su especialidad en las instituciones públicas y privadas y de alternancia en zonas rurales; y a los profesionales de la educación titulados en el exterior que ejercen la docencia en forma temporal en el Perú. (Arts. 1º y 2º)

Esta Ley sin duda es una “válvula de escape” para tratar de paliar el problema –creado por el propio Estado- de no contar con docentes especializados- para que desarrollen determinados cursos en la Educación Básica Regular. Para ello se recurre a establecer un régimen especial para el ejercicio de la docencia en el sector público y privado, de manera temporal. El sustento -al menos no existe otro- es promover “… el intercambio y transferencia de conocimientos y técnicas pedagógicas de profesionales del exterior a favor de las instituciones educativas del país.” (Art. 2º) Las reacciones han sido diversas –a favor y en contra- sin embargo se orilla algo que va más allá de contar con especialistas no pedagogos: el tema recurrente de que cualquiera puede ser docente.

Un debate que se ha dado en otras latitudes donde el modelo económico quiso de una vez por todas imponer las reglas del mercado en un sector tan sensible para la formación de niños y adolescentes como es la educación, llevó a altas autoridades académicas a precisar en qué consistía el ser docente.

Sin duda quienes promovieron y aprobaron dicha Ley, o conocen poco las escuelas y colegios del país, o no conocen más que las de la capital. Sabido es que en el interior muchos de los docentes que desarrollaban y desarrollan cursos como matemáticas, física, química, ciencias naturales, son profesionales especializados que han sido contratados para desempeñar la función de profesores de especialidad allí donde los escasos especialistas docentes no tenían como destino su desarrollo profesional. Todo ello lo hacían con anuencia de las autoridades, para que los alumnos no dejasen de tener las clases correspondientes. Sin duda sus aportes en la especialidad son importantes, pero si tiempo principal e intereses están en otro lugar. No tendrán tiempo para educar, para atender a los padres de familia, para atender las demandas personales de los alumnos, para asistir a las reuniones de aula, de los docentes y otras actividades educativas que comprenden el quehacer educativo.

¿Qué se podrá hacer si el equipo docente decide actividades que comprenden a todos los docentes y los especialistas no disponen del tiempo suficiente? ¿Se ha pensado que quien debe ser docente especializado debe tener una ética acorde con la responsabilidad de educar? ¿Qué sucederá con su desempeño docente?

En la profesión docente se ha “levantado” hoy la especialización, pero se ha dejado de lado ¿adrede? , lo que es el saber pedagógico que es lo que le da carácter. No es un calificativo, sino una distinción que se construye en silencio sin grandes aspavientos, sin mucho comentario porque la tarea bien hecha, es lo que sabemos que tenemos que hacer. Este tipo de trabajo en interacción con los alumnos, en casa preparando las materias, las motivaciones, la forma cómo desempeñarse con cada alumno y con los grupos, hace que el docente se inhiba de realizar un aporte relevante al desarrollo de ese saber que fundamenta, da sentido y significado a nuestra profesión: el saber pedagógico.

Ese crear conocimientos y construir diariamente organizando nuestro modo de enseñar, o cuando se experimenta en el aula un conjunto de emociones y de nuevas ideas en la interrelación con nuestros alumnos y que luego, en nuestro propio mundo interior, reflexionamos y llegamos a compartir aquello de “qué bien me resultó esta clase, la próxima vez voy a añadir y sugerir hacer tal cosa, de acuerdo a la procedencia de los alumnos, o tal otra de acuerdo a los intereses mostrados. O a analizar los problemas que presentan algunos alumnos y que nos lleva a ensayar una gama de intervenciones pues “esto no resultó como esperaba...algo tengo que cambiar...”. O cómo trabajar las entrevistas con los padres de familia, cómo abordar el bajo rendimiento de los hijos; cómo tratar alguna discapacidad y otros tantos casos que se presentan cotidianamente en ese convivir en el aula, en el patio, en la escuela. Ese saber no se aprende desarrollando una especialidad solamente, ese saber pedagógico se va construyendo a partir de la base de formación profesional recibida.

¿Cuál debería ser nuestra reacción frente a esta Ley? De protesta sí porque no se atiende la formación del docente con la calidad ni la rigurosidad que merece. No se trata de inventar la nota 14, para “seleccionar” a los mejores postulantes. Todo lo contrario. Es evidente que tenemos carencia de docentes especialistas ¿por qué? ¿Quién planifica la carrera y la especialidad? ¿quién asesora a las instituciones de formación? No se trata de buscar rentabilidad en la formación docente ni con la educación. Se trata de una vez por todas de abordar la educación nacional no con discursos de plazuela ni electoreros, sino con responsabilidad social y profesional.

Se trata de que toda intervención en la formación docente sea previamente debatida. Es preciso que nuestra comunidad pedagógica se dedique seria y de manera solidaria a desarrollar un proyecto ético y axiológico que de fundamento a la formación de docentes, y no dejarla sólo en manos del Estado. Ello lleva al compromiso de desarrollar líneas de investigación, creando y actualizando la teoría pedagógica, concertándola con la cultura contemporánea, a las necesidades productivas del país y sus regiones y a formas epistemológicas. Esto implica que los docentes del país propongamos iniciativas inherente con nuestro quehacer pedagógico en los campos de la teoría, la investigación y todo lo que conlleva la estrategia y la práctica docente.

No nos detengamos en medidas de gestión pedagógica que solucionan el problema coyuntural, sino aprendamos a ver prospectivamente qué significa ser docente en el Perú y qué tipo de institución debe encargarse de la formación auténtica de los maestros. Somos muy propensos a aceptar casi ciegamente las propuestas de organismos internacionales, que influyen en las decisiones políticas del gobierno, y cómo el gobierno las ajusta a su tiempo político que es distinto al que los que demandan los equipos técnicos y profesionales, y lo más importante la realidad educativa misma. Razón tuvo Gimeno Sacristán cuando dijo “Mientras unos estudian la educación, otros deciden y otros la realizan”

¿Podemos como comunidad de educadores seguir aceptando atropellos sin plantear nada no sea algo diferente a “que nos han pisoteado la profesión al preferir a otros profesionales para el ejercicio de la docencia especializada? Lo que sí demanda una protesta es cómo no se respeta la institucionalidad del Colegio de Profesores del Perú. En lugar de fortalecerlo, se crea desde el poder un régimen de excepción. ¿Así se fortalece una institución? Esta medida arbitraria se adecúa al marco de la política educativa inspirada en sugerencias de organismos internacionales y también en decisiones políticas del gobierno. ¿Por qué se excluyó de la consulta al Colegio de Profesores del Perú? Prácticas políticas como esta son un pretexto para ganar adeptos en época electoral.

Pero que esta Ley no recorte nuestro derecho a mejorar la calidad de la formación docente y nuestro desarrollo profesional. Sin duda esto demanda esfuerzo y creatividad profesional. Existen experiencias que no las debemos dejar de apreciar y que van teniendo éxito. Pero debemos cambiar nuestra práctica como actividad mecánica y volverla una actividad reflexiva que se orienta a hacer mejor la situación de aprendizaje y formar docentes investigadores, preparados para asumir esta tarea desde las aulas. De esta manera aparecerá como alternativa a la “investigación sobre educación” y se convertirá en investigación desde la educación y como una característica de una profesionalidad ampliada del docente frente a la profesionalidad restringida que generalmente hemos venido ejerciendo los maestros, al sólo poner en práctica teorías e investigaciones hechas por otros.

Esta variante busca cambiar la práctica pedagógica personal de los maestros como investigadores elevando a estatus de saber pedagógico sistemático los resultados de la práctica discursiva de los mismos, mediante procesos investigativos. ¿Cómo observar estos elementos de la práctica, cómo registrarlos, cómo sistematizarlos, cómo transformarlos y evaluarlos? Para ello se recurre a la Investigación-Acción Pedagógica como herramienta para trabajar el saber pedagógico y ponerlo por escrito. El docente pude apropiarse de métodos de análisis que le permitan elaborar estas contextualizaciones de la teoría pedagógica, del discurso oficial aprendido en su formación llegando a construir su propio saber adaptando la teoría a las circunstancias personales y sociales que enfrenta, para que teoría y práctica concuerden.

Sin duda un camino por construir y recorrer en la formulación de una política de formación docente acorde con los tiempos y las demandas que la realidad exige. Así seremos competitivos en el plano profesional porque se nos identifica por el saber pedagógico y la especialidad y no meramente por ser agremiado. Falta construir esta comunidad de educadores que miren en prospectiva sin dejar de lado sus relaciones laborales a las que todo trabajador tiene derecho.

Por ello la Ley 29510 debe servirnos de pretexto para refundar nuestra profesión docente y no sólo para denunciar atropellos que nosotros mismos no supimos prever. Es hora de pensar diferente.

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