ARTICULOS DE ASOCIADOS
Corrupción para hacer justicia
Por Leon Trahtemberg
Publicado el 02/04/10 en el Correo
Expertos invitados al Consejo Nacional de Educación nos dicen que para muchos peruanos “de a pie”, sin poder económico, social o político, pagar una coima es la única manera de que se haga justicia. Por ejemplo, deben pagar una coima para que se respete su derecho a un contrato docente o un nombramiento que legitima y legalmente les corresponde, pero que se les niega con diversas maniobras por parte de funcionarios de la UGEL o del director del colegio. Veían que los funcionarios oficialistas en diversas circunscripciones suelen usar estos contratos para mantener la adhesión de sus familiares, votantes -y a veces la paz con el sindicato docente- repartiendo plazas que les son quitadas a los legítimos ganadores, que si no coimean quedan fuera.
Vaya incoherencia: tienen que sobornar para lograr algo justo. Multipliquemos esto por las miles de situaciones que cotidianamente procesa la burocracia estatal nacional o local, y llegaremos a la conclusión de que sin funcionarios honestos no hay manera de arreglar todo esto.
La pregunta entonces es ¿quién puede ser un funcionario honesto? Arriesgaré una respuesta: aquel que teniendo una personalidad ética consolidada tiene además una situación personal previsible, con estabilidad e ingresos asegurados, que le permiten enfrentar las tentaciones de coima o presión política sin el temor de que si no se aviene a lo que le piden, perderá su cargo. Así mismo, quien no teme a las demandas judiciales o sociales por haber actuado correctamente.
¿Es eso posible? Al parecer por ahora no, mientras no haya una legislación inteligente que proteja al buen funcionario y a la vez lo empodere para que tome decisiones cruciales en su ámbito de actividad evitando las ineficiencias y la parálisis propia del funcionario que tiene miedo de decidir.
Viendo todo esto quizá lleguemos a la conclusión de que una de las pocas maneras de eliminar la corrupción es eliminar los procedimientos burocráticos y a los funcionarios que tienen capacidad discrecional. Eso podría parecer imposible, pero quizá no lo es y lo que se requiere son sistemas electrónicos que automaticen los procedimientos y sus resultados, con unos pocos veedores altamente acreditados para atender situaciones que se salen de la norma.
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