TRIBUNA ABIERTA
La fiscalización pendiente de la movilidad escolar
Editorial – El Comercio
En medio del caos que existe en Lima, con obras inconclusas y desorden en las rutas principales, la Municipalidad de Lima haría bien en iniciar cuanto antes la fiscalización de la movilidad escolar, es decir, del servicio particular encargado del transporte de cientos de alumnos a sus planteles educativos.
Como ha alertado nuestro Diario, no solo el número de las unidades acreditadas que brindan ese servicio casi se ha triplicado, sino que existen cerca de cinco mil que son informales o fantasmas, porque no han cumplido con inscribirse en la Gerencia de Transporte Urbano de la comuna capitalina.
Más vale prevenir que lamentar. Por ello, a escasas semanas del inicio de las clases, el Concejo Metropolitano tiene que suscribir convenios con sus pares distritales para que estos cumplan con revisar el parque de camionetas rurales, ómnibus, station wagon y autos que circulan en la ciudad. Hasta el momento resulta inconcebible que solo ocho municipalidades hayan cumplido con establecer pautas conjuntas con la Municipalidad de Lima.
Si bien la movilidad escolar es la resultante de un contrato entre los padres de familia y las personas que conducen esos vehículos, los gobiernos locales no pueden abandonar la responsabilidad que les corresponde en el control de este tipo de transporte.
Igualmente, como ha propuesto la Defensoría del Pueblo, los colegios de Lima —públicos y privados— deberían asesorar a las asociaciones de padres de familia sobre los requisitos que deben exigir a quienes trasladan a sus hijos. Ambos tienen que rechazar de manera categórica las condiciones abusivas de las movilidades escolares y más bien denunciarlas a la policía.
Poner la seguridad de los niños en manos de la informalidad puede resultar un ahorro en las economías familiares — los piratas suelen cobrar tarifas irreales y extremadamente baratas—, pero a la larga el perjuicio puede ser fatal.
No a las unidades escolares sin cinturones de seguridad, sin pasamanos de donde sujetarse, sin salidas de emergencia, espejos retrovisores y el resto de herramientas indispensables en un vehículo que transporta a escolares. ¡Exijamos la sanción para quienes circulan sin el SOAT, que debe estar vigente, o sin la acreditación de haber aprobado la revisión técnica!
Solo el año pasado hubo cuatro accidentes de tránsito que dejaron a varios escolares heridos, estadística que no debería sorprendernos si consideramos que en vísperas del inicio de clases, en el verano del 2009, no se había cumplido con la fiscalización municipal de los informales.
Actuar a posteriori tampoco es recomendable porque ni la Defensoría del Pueblo ni la Municipalidad de Lima cuentan con inspectores de tránsito en número suficiente para fiscalizar a estas unidades.
La experiencia ha demostrado que tanto en el servicio público como en el caso de la movilidad escolar imponer papeletas educativas como medida disuasiva resulta simplemente insuficiente; un eufemismo más para no sancionar la irresponsabilidad, la negligencia y el espíritu delictivo de transportistas que salen a las calles con brevete pero sin conocer las reglas de tránsito.
Editorial – El Comercio
En medio del caos que existe en Lima, con obras inconclusas y desorden en las rutas principales, la Municipalidad de Lima haría bien en iniciar cuanto antes la fiscalización de la movilidad escolar, es decir, del servicio particular encargado del transporte de cientos de alumnos a sus planteles educativos.
Como ha alertado nuestro Diario, no solo el número de las unidades acreditadas que brindan ese servicio casi se ha triplicado, sino que existen cerca de cinco mil que son informales o fantasmas, porque no han cumplido con inscribirse en la Gerencia de Transporte Urbano de la comuna capitalina.
Más vale prevenir que lamentar. Por ello, a escasas semanas del inicio de las clases, el Concejo Metropolitano tiene que suscribir convenios con sus pares distritales para que estos cumplan con revisar el parque de camionetas rurales, ómnibus, station wagon y autos que circulan en la ciudad. Hasta el momento resulta inconcebible que solo ocho municipalidades hayan cumplido con establecer pautas conjuntas con la Municipalidad de Lima.
Si bien la movilidad escolar es la resultante de un contrato entre los padres de familia y las personas que conducen esos vehículos, los gobiernos locales no pueden abandonar la responsabilidad que les corresponde en el control de este tipo de transporte.
Igualmente, como ha propuesto la Defensoría del Pueblo, los colegios de Lima —públicos y privados— deberían asesorar a las asociaciones de padres de familia sobre los requisitos que deben exigir a quienes trasladan a sus hijos. Ambos tienen que rechazar de manera categórica las condiciones abusivas de las movilidades escolares y más bien denunciarlas a la policía.
Poner la seguridad de los niños en manos de la informalidad puede resultar un ahorro en las economías familiares — los piratas suelen cobrar tarifas irreales y extremadamente baratas—, pero a la larga el perjuicio puede ser fatal.
No a las unidades escolares sin cinturones de seguridad, sin pasamanos de donde sujetarse, sin salidas de emergencia, espejos retrovisores y el resto de herramientas indispensables en un vehículo que transporta a escolares. ¡Exijamos la sanción para quienes circulan sin el SOAT, que debe estar vigente, o sin la acreditación de haber aprobado la revisión técnica!
Solo el año pasado hubo cuatro accidentes de tránsito que dejaron a varios escolares heridos, estadística que no debería sorprendernos si consideramos que en vísperas del inicio de clases, en el verano del 2009, no se había cumplido con la fiscalización municipal de los informales.
Actuar a posteriori tampoco es recomendable porque ni la Defensoría del Pueblo ni la Municipalidad de Lima cuentan con inspectores de tránsito en número suficiente para fiscalizar a estas unidades.
La experiencia ha demostrado que tanto en el servicio público como en el caso de la movilidad escolar imponer papeletas educativas como medida disuasiva resulta simplemente insuficiente; un eufemismo más para no sancionar la irresponsabilidad, la negligencia y el espíritu delictivo de transportistas que salen a las calles con brevete pero sin conocer las reglas de tránsito.
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