TRIBUNA ABIERTA
Evaluación de incompetencias
Por Zenón Depaz – La Primera
En el tramo final del actual gobierno, a unos días de iniciarse el año escolar, una reciente consulta hecha por la Universidad de Lima sobre los resultados de esta gestión gubernamental en el ámbito educativo, muestra en la ciudadanía una evaluación pesimista: 57% de los consultados en Lima negaron que la Educación haya mejorado durante este periodo y casi la mitad de ellos opinó que ha empeorado. Si esa es la apreciación sobre la calidad educativa en la capital, podemos imaginar cuál será en el interior del país, sobre todo en las áreas rurales. ¿Podía esperarse otra cosa de un gobierno que de inicio carecía de definiciones mínimas sobré qué hacer en el terreno educativo?
Recordamos que, apenas instalado este gobierno, en una reunión del Consejo de Ministros, una cámara indiscreta capturó la imagen de José Antonio Chang (socio de Alan García e inamovible ministro de Educación, aunque sus credenciales educativas no sean muy presentables), con una elocuente expresión de sorpresa ante el repentino anuncio presidencial de una evaluación de docentes en la Educación básica. La tozudez del SUTEP convertiría ese inopinado anuncio -tan inspirado y reflexivo como el de la pena de muerte para los violadores o la construcción de un misterioso penal para corruptos en el corazón de la selva- en el sucedáneo de la inexistente política educativa, ámbito en el que, a decir verdad, el APRA nunca tuvo ejecutoria digna de memoria, a no ser para denunciar la incompetencia e impunidad de sus funcionarios.
En cuanto al principal problema de la Educación en el país, un 31.5% señaló el bajo nivel académico de los maestros y un 15.2%, la corrupción. Con respecto a lo primero, no había que hacer evaluaciones onerosas para notarlo. El propio ministro debía saberlo bien, cuando la Universidad de la que es propietario había capitalizado largamente otorgando grados y títulos pedagógicos, con masivos programas de fines de semana o a distancia. Lo que urgía era reformar a fondo la formación inicial y en servicio de esos docentes, o promover el ejercicio de la docencia en la secundaria por profesionales de otras áreas académicas, con formación más confiable. La tan publicitada capacitación no fue sino otro dispendio, resultado de la improvisación. En cuanto a la corrupción, ¿no fue el propio Presidente quien, apenas instalado en Palacio, recomendó la pendejada como modelo de conducta, predicando que “en política no hay que ser ingenuos”, para acto seguido tirar al tacho sus solemnes promesas electorales?
Por Zenón Depaz – La Primera
En el tramo final del actual gobierno, a unos días de iniciarse el año escolar, una reciente consulta hecha por la Universidad de Lima sobre los resultados de esta gestión gubernamental en el ámbito educativo, muestra en la ciudadanía una evaluación pesimista: 57% de los consultados en Lima negaron que la Educación haya mejorado durante este periodo y casi la mitad de ellos opinó que ha empeorado. Si esa es la apreciación sobre la calidad educativa en la capital, podemos imaginar cuál será en el interior del país, sobre todo en las áreas rurales. ¿Podía esperarse otra cosa de un gobierno que de inicio carecía de definiciones mínimas sobré qué hacer en el terreno educativo?
Recordamos que, apenas instalado este gobierno, en una reunión del Consejo de Ministros, una cámara indiscreta capturó la imagen de José Antonio Chang (socio de Alan García e inamovible ministro de Educación, aunque sus credenciales educativas no sean muy presentables), con una elocuente expresión de sorpresa ante el repentino anuncio presidencial de una evaluación de docentes en la Educación básica. La tozudez del SUTEP convertiría ese inopinado anuncio -tan inspirado y reflexivo como el de la pena de muerte para los violadores o la construcción de un misterioso penal para corruptos en el corazón de la selva- en el sucedáneo de la inexistente política educativa, ámbito en el que, a decir verdad, el APRA nunca tuvo ejecutoria digna de memoria, a no ser para denunciar la incompetencia e impunidad de sus funcionarios.
En cuanto al principal problema de la Educación en el país, un 31.5% señaló el bajo nivel académico de los maestros y un 15.2%, la corrupción. Con respecto a lo primero, no había que hacer evaluaciones onerosas para notarlo. El propio ministro debía saberlo bien, cuando la Universidad de la que es propietario había capitalizado largamente otorgando grados y títulos pedagógicos, con masivos programas de fines de semana o a distancia. Lo que urgía era reformar a fondo la formación inicial y en servicio de esos docentes, o promover el ejercicio de la docencia en la secundaria por profesionales de otras áreas académicas, con formación más confiable. La tan publicitada capacitación no fue sino otro dispendio, resultado de la improvisación. En cuanto a la corrupción, ¿no fue el propio Presidente quien, apenas instalado en Palacio, recomendó la pendejada como modelo de conducta, predicando que “en política no hay que ser ingenuos”, para acto seguido tirar al tacho sus solemnes promesas electorales?
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