TRIBUNA ABIERTA

Desafíos de la universidad peruana
Por Eduardo Lama Martínez - El Peruano

La universidad peruana viene pasando por diversos obstáculos en su proceso de consolidación, pese a su autonomía administrativa.
La falta de presupuesto y de una mayor modernización curricular para una acreditación de calidad de sus especialidades de acuerdo con el mercado laboral hace que los futuros profesionales tengan dificultades en su perfeccionamiento pleno.
Desde 1996, cuando fue promulgada la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación (DL 882), se han creado universidades muy importantes, pero también se han creado instituciones educativas que dejan mucho que desear y que sin autorización oficial y con ciertas artimañas legales se han dado el lujo de abrir filiales en todo el país.
La actual legislación ha permitido que cualquiera utilice la educación superior para convertirla en un negocio muy lucrativo.
Recordemos que tienen la posibilidad de “reinvertir” y así evitar pagar el Impuesto a la Renta, 30 por ciento, y aún ser exonerados del Impuesto General a la Ventas (IGV).
También son de público conocimiento las cuotas de poder que buscan estos inversionistas en su cuerpo colegiado, que es la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), con capacidad para contar con dos asientos, tanto de universidades públicas y privadas, para ser elegidos como sus representantes en el Consejo Nacional de la Magistratura.
La consecuencia de toda esta telaraña de influencias en los poderes del Estado es la proliferación de instituciones mediocres, lo que ha llevado al propio Presidente de la República a plantear “una rápida evaluación para ver cuáles dan una buena educación y en cuáles se está engañando a los muchachos”.
En el Perú, existen alrededor de 90 universidades, más del 60 ciento privadas, mientras que en Colombia, Chile, Argentina y Uruguay, entre otros países con muy buena formación universitaria, no son más de 50.
Se concluye, entonces, que más universidades no aseguran una mejor educación ni calidad de la misma. Se requieren otros mecanismos para hacerlas que figuren, por lo menos, entre las mejores de la región.
En primer lugar, se debe eliminar la figura de la llamada universidad personal, donde recae sobre una sola persona todo el poder económico y administrativo. Las universidades deben ser regentadas por todos sus estamentos, y no solo por las llamadas hoy sociedades anónimas o promotoras educativas sino que sean patrocinadas por instituciones cuyo principal objetivo sea la formación profesional.
Esto exige que el Congreso y la denominada Comisión de Educación del Legislativo, presidida desde el inicio de esta gestión por humalistas, deban debatir proyectos para modificar la ley universitaria que hagan posible una evaluación permanente y rigurosa.
Una nueva normatividad debe exigir que las universidades aceleren sus procesos de acreditación nacional e internacional en todas las carreras, y no solo en las de medicina y educación.
El Poder Ejecutivo tiene la obligación ética de mejorar sustancialmente el presupuesto para las universidades nacionales, algunas con infraestructura de hace 40 años.
La empresa privada debe asumir la educación superior como un reto, con requerimientos mínimos aceptables, infraestructura, reclutamiento y nombramiento de docentes capacitados.
Se debe también evaluar a las entidades evaluadoras, valga la redundancia, las que deben asumir un papel proactivo y no de simples espectadores.