ASOCIADOS

¿Educación sin corrupción?
Por Luis Miguel Saravia C.

El Informe Nº 147 llamado Aportes de la Defensoría del Pueblo para una Educación sin Corrupción es un documento cuyo contenido debería trascender las noticias cotidianas.

Este Informe impreso en diciembre 2009 tiene 300 páginas distribuidas en tres capítulos. Sin duda un documento que debería conocer todo docente, funcionario de educación y ciudadano en general para conceptuar lo que significa la corrupción desde un enfoque de derechos y sus implicancias en el derecho a la educación. (Cap.I); Las acciones contra la corrupción en el sector educación; políticas y organización institucional en material anticorrupción (Cap. II) y la Campaña “Educación sin corrupción2007”. Resultados de la Supervisión”. (Cap. III).

El alcance que hace dicho informe empieza conceptualizando y determinando desde lo que los padres de familia aspiran como educación para sus hijos. Precisa que la educación permite desarrollar a las personas libremente su personalidad y dignidad, haciendo posible la participación activa en la vida social con tolerancia, respeto a los valores, al medio ambiente y los derechos humanos.

Sin embargo en el portal del Ministerio de Educación en el sitio De Interés, que es como un cajón de sastre pues hay de todo, desde Resoluciones, directivas, normas, etc., en letras rojas leemos “PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO SANCIONADO POR DELITO DE VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL. (Oficina de Prensa y Comunicaciones Ministerio de Educación 07.02.10). ¿Amerita este encabezado una noticia que es de carácter policial en un portal donde aparecen las políticas educativas? Esta nota que lleva varios días para escarnio de la profesión docente ¿qué finalidad tiene? Indudablemente dar a conocer a individuos que deshonran la profesión docente y que nunca más deberían ejercerla. Con el mismo rigor y derecho esperamos que se informe a la comunidad educativa y a la sociedad sobre otros actos de corrupción como cobros indebidos, uso indebido del cargo, impunidad, venta de notas. Esperamos que se diga algo también sobre irregularidades en los procedimientos administrativos; irregularidades en las planillas de pago; irregularidades en la contratación y nombramiento de personal; incumplimiento del dictado de clases; incumplimiento de obligaciones para garantizar una infraestructura adecuada; falta de transparencia. ¿es que no ha habido ningún acto que merezca tipificarse con los de este listado que señala la Defensoría del Pueblo? Inconcebible si nos atenemos a la cantidad de denuncias públicas tanto de los medios como de los propios agraviados y del sindicato. Existe un silencio rayano en la prepotencia y soberbia que recuerda a los que distinguía a quienes se creían dueños de la verdad en la época de gobiernos militares y en débiles gobiernos democráticos. Cuán cierto es aquello “quien calla otorga”.

¿Qué hemos hecho en el país sobre el tema de la corrupción en educación? Lo primero es que no se tiene claro conceptualmente lo que significa y lo que implica. Sólo manejamos el límite de lo lícito y lo ilícito. Esa línea difusa para unos y firme para otros es burlado fácilmente, cuando se tiene poder, no sólo de dinero sino político. Conciencia laxa le dicen en ética o moral. Esa laxitud permite lo que se ha dado en llamar en el país, la “mecedora”. Todo es permisible dependiendo del lugar social donde uno se encuentre. Una cosa es ser funcionario con poder, o funcionario dependiente y otra es ser un ciudadano común que por derecho pide ser escuchado, atendido. En medio de estas tensiones existen ofertas que dependen del nivel del corruptor y del corrupto. ¿Qué docente no se ha tropezado alguna vez, con una oferta pecuniaria de un padre de familia para que se favorezca a un hijo que no estudió durante el año escolar? ¿Qué profesor /a no ha sido sometido a una oferta de contar con su nombramiento a cambio de los dos primeros sueldos?

Quienes ejercen las funciones directivas sufren otras formas de tentación u ofertas que las resumen con el criollo «favor con favor se paga» o se hacen de la vista gorda al momento de tomar decisiones. Y si seguimos subiendo la escala jerárquica la corrupción tiene mil y un disfraces, se metamorfosea cual iguana y toma el color del ambiente donde se encuentra. Por ello es fácil escuchar y decir que la corrupción existe desde que se creó el mundo y que cualquier esfuerzo que se haga es en vano. Una fácil manera de justificar desde la utilización de recursos del Estado, hasta la comercialización de textos, de notas, de recomendaciones.

El Informe 147 de la Defensoría del Pueblo es un documento que debería estudiarse en los centros de formación docente, en el sindicato de docentes, pues por primera vez en el Perú se puede contar con conceptos y definiciones que permiten situar el tema de la corrupción como el comején que corroe la madera de las instituciones y la sociedad toda. Luchar contra ella implica no sólo declamar la lucha y reducir los avances a lo que la Defensoría considera “Otros hechos vulneratorios”: casos de maltrato físico y psicológico, acoso y violación sexual en contra de los y las estudiantes. Eso es desviar o recortar el contenido de lo que significa la corrupción como tal. La nota de prensa del Ministerio aparecida en el portal del Ministerio de Educación dando cuenta de lo que informó el viceministro de Gestión Pedagógica evidencia una orfandad en el manejo del concepto corrupción. Nos hubiera interesado saber qué ha ocurrido con las denuncias de los docentes sobre la venta de las respuestas de las pruebas que dieron en las distintas fases del concurso para ingresar a la Carrera Pública Magisterial. También las razones técnico pedagógicas que se tuvieron para imponer la nota 14 como mínima en un sistema de calificación vigesimal. Hubiera sido muy importante saber los criterios pedagógicos y de especialidad con que se diseñaron las pruebas de lógico-matemáticas y de comunicación. ¿Por qué existe negociado en el otorgamiento de las plazas? ¿Por qué los docentes hablan de una “tarifa” para que se les otorgue los puestos de trabajo que les corresponde? ¿Acaso no se habla en los pasillos de las distintas sedes del Ministerio que en las UGELES existe un “comercio” de las plazas? ¿Cuánto cuesta una plaza en Cajamarca y cuánto cuesta en Villa María del Triunfo? ¿Por qué algunos profesores que han obtenido notas sobresalientes, a pesar de los “ajustes técnicos” (que nunca se explicaron convincentemente y el único culpable fue el último de la cadena de mando? ¿nadie lo supervisó? ¿quién fue su jefe?) una vez llegados a la UGEL correspondiente no les otorgan su plaza sino les dicen que ya está cubierta? ¿Por qué hasta la fecha el Ministerio de Educación no tiene una nueva sede y sus funcionarios están dispersos? ¿De quién es la responsabilidad?

Hemos reclamado al Ministerio de Educación una rendición de cuentas desde fines del 2009 e inicios de 2010. Pero como siempre se hace de oídos sordos. La Defensoría al respecto expresa “La falta de un sistema de rendición de cuentas y la poca capacidad organizativa de la sociedad permiten que una minoría explote y excluya a la mayoría. Este círculo vicioso explica la permanencia de niveles de pobreza y subdesarrollo.”(Infortme Defensorial Nº 147, pág 18). Se habla desde el Estado y del gobierno de la gobernabilidad que debe existir y muchos políticos hablan de atentados a la gobernabilidad del país, sin embargo quienes deben promoverla y cautelar por ella, no le ponen la atención debida. Por ello tenemos a la corrupción “vivita y coleando” y “No hay duda de que la corrupción debilita el deber de rendición de cuentas de los funcionarios del Estado, reduce la transparencia en la labor de las instituciones públicas y permite que las violaciones de los derechos humanos queden impunes.” (Tomado delPrácticasde Buen Gobierno para la protección de los Derechos Humanos. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas, 2008, p. 2. citado por el Informe Defensorila 147).

Requerimos de una educación promovida desde el Estado y desde las instituciones de la sociedad civil y que diseñe “…estrategias que incorporen al ciudadano –ya sea como fuente de opinión o como actor importante– en la lucha contra la corrupción. De este modo, la participación ciudadana se debe entender no solamente como el cumplimiento de las normas que promueven mecanismos de rendición de cuentas o vigilancia ciudadana, sino también en términos de fortalecimiento de las capacidades de esa ciudadanía para exigir sus derechos y denunciar actos de corrupción.”(Informe Defensorial p.24) Las omisiones y silencios ministeriales ante la denuncia de casos concretos o la laxitud en las investigaciones atenta contra los derechos humanos. ¿Lo han pensado el ministro, los viceministros y demás autoridades del sector?

Considerando el grado en que se han extendido las prácticas de corrupción en todo el mundo la comunidad internacional ha adoptado compromisos, a fin de combatir y prevenir la corrupción en el sector Educación. Por ello debe recordarse que en la Reunión Regional de las Américas de Evaluación de Educación para Todos (República Dominicana febrero del 2000), los países de América Latina, el Caribe y América del Norte no solo renovaron los compromisos adoptados en la “Conferencia Mundial de Educación para Todos” (Jomtien, Tailandia, 1990), sino además establecieron mecanismos de formulación de presupuestos y asignación de recursos con amplia participación social que permitan dotar de transparencia y credibilidad al manejo de los recursos y garanticen la rendición de cuentas, para lo cual la información adecuada y oportuna es un insumo fundamental. (Educación para Todos. Marco de Acción para las Américas, Adoptado en la Conferencia de las Américas sobre Educación para Todos, Santo Domingo, República Dominicana del 10 al 12 de febrero de 2000. París: UNESCO, 2000, p 39.). Posteriormente, en el Foro Mundial sobre la Educación, realizado en Dakar, Senegal, (abril, 2000) se señaló que “la corrupción constituye un obstáculo considerable para el uso efectivo de los recursos destinados a la educación y debe eliminarse sin contemplaciones”.Recomendaba que se debía establecer estructuras para que la sociedad civil pueda “participar en sistemas de presupuestación y financiación transparentes”. De esta manera se obligaría a los poderes públicos a rendir cuentas. (Marco de Acción de DAKAR, Adoptado por el Foro Mundial sobre Educación. Dakar, Senegal, del 26 al 28 de abril de 2000. París: UNESCO, 2000, párrafo 25.

Las consultoras Margarita Peña y Jeannette Rodríguez, citadas por el informe expresan que “Esta preocupación de la comunidad internacional tiene su sustento en el hecho de que si bien diversos estudios muestran que se han realizado numerosos esfuerzos para abordar el tema de la corrupción, tanto de manera global como sectorial, sin embargo, el sector Educación no ha recibido la atención apropiada por parte de las autoridades a pesar de las sólidas razones para otorgar una prioridad particular al desafío de combatir la corrupción en la educación.” (Transparencia en Educación. Maestrosen Colombia, París, Instituto Internacional de Planeación de la Educación-UNESCO, 2005, p. 6.)

Las razones que proporciona el Informe Defensorial 147 nos dicen que ninguna reforma en el funcionamiento del sector Educación con el fin de aumentar el acceso a la educación de calidad puede ser exitosa si los problemas de corrupción –que comportan graves implicancias, tanto para la eficiencia en el uso de los recursos como para la calidad de la educación y los resultados escolares– son tratados de una manera apropiada. Asimismo el comportamiento poco ético y la falta de integridad en el sector Educación se contradicen con uno de los principales objetivos de la educación, que es el de formar buenos ciudadanos, respetuosos de la ley, de los derechos humanos y de la justicia
¿Qué hacer si se han dado señales de que como siempre “acuerdo firmado acuerdo olvidado”? La salida no es crear una oficina para que reciba denuncias, quejas, investigue y sancione. En nuestro país el CADER (Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos) debe establecer una línea de base que desarrolle acciones y políticas públicas coordinadas que no respondan únicamente a la coyuntura o a acciones aisladas. Sin duda, en dichas políticas públicas debe estar presente un enfoque anticorrupción que no solo esté destinado a actuar con posterioridad al hecho, sino, sobre todo, a establecer mecanismos administrativos basados en la transparencia y rendición de cuentas que garanticen la no comisión de dichas malas prácticas.

En el Ministerio de Educación se han incorporado muchos mecanismos de control (Control Institucional (OCI), las Comisiones de Atención de Denuncias y Reclamos (CADER) y las Comisiones Permanentes de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (CPPAD). De ellos tres se encuentran en el Ministerio de Educación, en las Direcciones Regionales de Educación y en las Unidades de Gestión Educativa Local sin embargo los dispositivos son ineficaces. En lo que se refiere a participación y vigilancia ciudadana, ésta se desarrolla en todas las instancias descentralizadas de gestión educativa y recae en los Consejos Educativos Institucionales (CONEI), en los Consejos de Participación Local (COPALE), en los Consejos de Participación Regional (COPARE) y en el Consejo Nacional de Educación (CNE), los cuales tienen alcance institucional, local, regional y nacional respectivamente. ¿Se les ha capacitado o se les ha enviado la directiva solamente? ¿Con qué criterio se ha seleccionado al personal de las oficinas? ¿Qué calificación tienen? Toda función demanda un perfil profesional y capacitación, sin embargo poco se hace al respecto.

Es preocupante leer las conclusiones a que llega el Informe Defensorial. A partir de los resultados de la Campaña Educación sin corrupción 2007: se recibieron 1,519 quejas. De éstas, 1,071 fueron declaradas fundadas (es decir, se determinó que existió una afectación de los derechos de las personas que las presentaron). De estas, el 78.4% están referidas a riesgos de corrupción, las cuales tienen que ver con problemas en los diferentes aspectos de la gestión administrativa de las instancias educativas descentralizadas. Por su parte, las quejas por casos de corrupción comprobados constituyen un 11,1%. En esa medida, el 89,5% del total de quejas fundadas está relacionado con la problemática de la corrupción. (Conclusión17, págs. 271-272).

Del total de quejas presentadas, el mayor número de ellas tuvo por objeto a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) (43, 5%). Si a esa cifra se suma el 25.4% de las quejas presentadas contra las Direcciones Regionales de Educación (DRE), se obtiene este resultado: el 68,9% de quejas referidas a la problemática de la corrupción se concentra en dichas instancias de gestión educativa. (Conslusión18, pág.272)
Siguiendo con el análisis de los cinco tipos de quejas más recurrentes, cuatro de ellas se ubican en el eje de casos que generan riesgos de corrupción (irregularidades en los procedimientos administrativos, incumplimiento del dictado de clases, irregularidades en las planillas de pago e irregularidades en la contratación y nombramiento de personal). De estas cuatro, tres tipos de quejas están relacionadas con problemas en la gestión administrativa y de recursos humanos, y un tipo de queja tiene que ver con deficiencias en las medidas de control. El tipo de queja que se ubica en el quinto lugar (atentados contra la integridad) se encuentra en el eje de otros hechos vulneratorios, y guarda relación con la aplicación de métodos de disciplina en la escuela, incompatibles con la dignidad humana, así como con el incumplimiento de las obligaciones de los docentes y autoridades de las I.E.(Conclusión 21. Pág.273).
Las Recomendaciones evidencian una carencia de responsabilidad en los responsables del sector, sin embargo, no existen denuncias. ¿Y dónde queda el reglamento del código de ética de la función pública?

En este sentido llamar la atención con la publicidad que da el Ministerio a la sanción de profesores y administrativos por violación de la libertad sexual parece desproporcionado y más todavía si se guarda silencio sobre las denuncias públicas realizadas por docentes y padres de familia sobre otros temas de corrupción. ¿A dónde recurrir? Bien harían las autoridades de educación que a nivel nacional se conozca y estudie el Informe Defensorial 147 para evitar que se sigan cometiendo abusos en nombre de la calidad de la educación, de la transparencia y de la equidad. Hubo esfuerzos sin duda como el proyecto de Ley de Probidad, que sin embargo se quedó en la agenda parlamentaria para su discusión y aprobación, hasta que fue cambiado el gobierno. Por ello el Informe Defensorial 147 no debe caer en saco roto. ¿Quién da el primer paso? (13.02.10)