TRIBUNA ABIERTA
Los campus marchitos
Por Fernando Vivas – El Comercio
Saquemos una lección del escándalo de Alas Peruanas: necesitamos una nueva ley universitaria que frene la multiplicación de facultades con más vocación de influencia política que académica, que dan títulos a los (mal) educados en su precariedad, que halagan, invitan y regalan doctorados honoris causa a señores que debieran decir “no, gracias”.
El problema es que tanto este Gobierno como la actual Comisión de Educación del Congreso están sobrepoblados de funcionarios comprometidos con este estado de cosas. Ya hemos visto cómo Alas Peruanas firmó convenios hasta con el despacho presidencial e hizo tratos inmobiliarios con dirigentes apristas como Édgar Núñez, Aurelio Pastor, César Zumaeta (o, mejor dicho, con su esposa Yani Valencia) e Hilda Guevara, miembro de esa comisión y quien ha presentado, en nombre de su bancada, un proyecto de ley universitaria para reemplazar la vieja Ley 23733. Su iniciativa es similar a la de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que la acabo de leer y la encuentro desarmada ante tanta facultad y filial aberrantes.
Conociendo lo acendrado que está en el aprismo el afán de control político de las universidades, me temo que tendrá que ser en una próxima legislatura, con una nueva comisión de educación, cuando se debata la ley y será un próximo gobierno el que ejecute la reforma.
Necesitamos reestructurar la indolente ANR. Que los rectores no sean jueces y parte del sistema universitario. Así como nombran delegados en todos los consejos consultivos y deliberantes del país (desde el CNM hasta el Concortv), que permitan que la sociedad civil, y por qué no la ONPE, se inmiscuya en la vigilancia de la democracia interna de las universidades. En muchas de ellas es moneda corriente el despotismo ilustrado de autoridades que se las arreglan para reelegirse indefinidamente a pesar de que sus facultades de derecho y ciencias sociales predican, retóricamente, la pluralidad y la alternancia del poder.
Además, que no se den títulos a nombre de la nación sin que los egresados sean examinados por otra instancia ajena a la universidad.
Finalmente, una propuesta dura con perdón de algunos honestos promotores: que no se permita que los fundadores de universidades se conviertan en sus autoridades. No ganan utilidades (pues les está proscrito el fin de lucro) pero pueden pretender cobrárselas negociando prestigios e influencias. Hay que desanimar a estos y a la vez animar la voluntad política para limpiar de informalidad al sistema universitario.
Por Fernando Vivas – El Comercio
Saquemos una lección del escándalo de Alas Peruanas: necesitamos una nueva ley universitaria que frene la multiplicación de facultades con más vocación de influencia política que académica, que dan títulos a los (mal) educados en su precariedad, que halagan, invitan y regalan doctorados honoris causa a señores que debieran decir “no, gracias”.
El problema es que tanto este Gobierno como la actual Comisión de Educación del Congreso están sobrepoblados de funcionarios comprometidos con este estado de cosas. Ya hemos visto cómo Alas Peruanas firmó convenios hasta con el despacho presidencial e hizo tratos inmobiliarios con dirigentes apristas como Édgar Núñez, Aurelio Pastor, César Zumaeta (o, mejor dicho, con su esposa Yani Valencia) e Hilda Guevara, miembro de esa comisión y quien ha presentado, en nombre de su bancada, un proyecto de ley universitaria para reemplazar la vieja Ley 23733. Su iniciativa es similar a la de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que la acabo de leer y la encuentro desarmada ante tanta facultad y filial aberrantes.
Conociendo lo acendrado que está en el aprismo el afán de control político de las universidades, me temo que tendrá que ser en una próxima legislatura, con una nueva comisión de educación, cuando se debata la ley y será un próximo gobierno el que ejecute la reforma.
Necesitamos reestructurar la indolente ANR. Que los rectores no sean jueces y parte del sistema universitario. Así como nombran delegados en todos los consejos consultivos y deliberantes del país (desde el CNM hasta el Concortv), que permitan que la sociedad civil, y por qué no la ONPE, se inmiscuya en la vigilancia de la democracia interna de las universidades. En muchas de ellas es moneda corriente el despotismo ilustrado de autoridades que se las arreglan para reelegirse indefinidamente a pesar de que sus facultades de derecho y ciencias sociales predican, retóricamente, la pluralidad y la alternancia del poder.
Además, que no se den títulos a nombre de la nación sin que los egresados sean examinados por otra instancia ajena a la universidad.
Finalmente, una propuesta dura con perdón de algunos honestos promotores: que no se permita que los fundadores de universidades se conviertan en sus autoridades. No ganan utilidades (pues les está proscrito el fin de lucro) pero pueden pretender cobrárselas negociando prestigios e influencias. Hay que desanimar a estos y a la vez animar la voluntad política para limpiar de informalidad al sistema universitario.
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