ARTICULOS DE ASOCIADOS

La cultura del sigilo tiene doble filo
Por Luis Guerrero – CNR

Era común ver a Josefa parada en la calle después de las ocho de la mañana, al lado de la puerta del colegio. Detrás de sus reiteradas tardanzas había siempre una misma razón: la madre debía solucionar muchos problemas en casa antes de salir a trabajar y ella debía ayudarla. Por lo demás, los escolares nunca tuvieron preferencia en el transporte público y la niña sufría cada día para encontrar un bus que quisiera llevarla. Sandra era otra víctima habitual de esa penalidad matutina que les imponía el colegio por llegar a esa hora. El problema de Sandra, en cambio, no era una madre estresada, sino su dificultad para sobreponerse al sueño, algo característico en ella desde muy niña. Pero no importaban los motivos en verdad. Después de la campana, el lugar de los niños que llegaban a la escuela era la calle.
A lo largo de toda mi vida escolar fui testigo de estas insólitas prácticas punitivas, que dejaban a los niños expuestos al riesgo de la calle, paradójicamente, en nombre de la responsabilidad. Un valor que, se creía, había que fomentar en los estudiantes aún a riesgo de su propia integridad. Quizás se crea que eran otros tiempos. Después de todo, hace más de 30 años que salí del colegio. Sin embargo, si usted cruza hoy el umbral de una escuela cualquiera, todavía encontrará niños copiando afanosamente las pizarras y también niños parados en la puerta del colegio, esperando en vano que les abran, abandonados en la calle por sus educadores para escarmentarlos por su tardanza.
Pese a su gravedad, sin embargo, esto no es lo único que persiste en la vida escolar sin que nadie lo impida. Mantienen también una patética vigencia el tráfico y venta de notas, los cobros ilegales, el abuso del cargo, atentados contra la integridad, incluso el acoso y la violación sexual, además de la impunidad de los transgresores. Y si alguien lleva la queja a alguna oficina administrativa del Ministerio, podría encontrarse allí con problemas muy parecidos: abuso del cargo, irregularidades en los procedimientos, cobros ilegales, además de la impunidad de los transgresores.
Si alguien piensa que exagero o que se generalizan casos aislados, tendría que convencer de eso a la Dra. Beatriz Merino, pues estos hechos están consignados en su Informe Nº 147 titulado «Aportes de la Defensoría del Pueblo para una Educación sin corrupción». Allí se da cuenta de más de un millar de denuncias debidamente probadas y la mayor parte alude directamente a los casos antes mencionados.
La Defensora del Pueblo dice que esto pasa en las escuelas y en las oficinas de educación por tres razones: primero, los mecanismos de sanción y control no funcionan; segundo, las decisiones se toman sin transparencia, impidiéndose deliberadamente que la gente reciba toda la información del caso; tercero, la vigilancia ciudadana es muy débil. Así, puedo elegir actuar como más me convenga y cuantas veces quiera, porque se que ni el sistema ni la sociedad tienen capacidad para obligarme a cumplir la ley, ni para enterarse siquiera de lo que hago.
Este problema es viejo. Está probado desde hace mucho que uno de los sectores del Estado más afectados por la corrupción es educación y que una manera efectiva de enfrentarla es transparentar las decisiones y la información en todos los niveles. Eso ha recomendado la Defensoría. Pero eso es justamente lo que el sistema no quiere hacer, pues cree que así se expone a la crítica pública, algo que desprecia y a la vez teme. Es lamentable, pero esa forma de cuidar la estabilidad política de una gestión es también el caldo de cultivo de la corrupción. Hasta pronto.