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Un informe que deja cabos sueltos
Por Luis Miguel Saravia C.
Sin duda la Defensoría del Pueblo es una institución insignia de nuestra democracia pues está instituyendo una nueva manera de participación respetando los derechos y evidenciando los deberes de la ciudadanía. Es una de la formas de vivir en democracia., aunque algunos con una representatividad relativa, se sientan todo poderosos y por encima del bien y el mal. Ejemplos recientes tenemos de falsos demócratas que se vuelven juez y parte y se declaran la encarnación de la ética y de la justicia. Es duro vivir en democracia y más aún ejercer la función representativa no sintiéndose primus inter pares sino todo lo contrario.
La semana pasada la Defensora del Pueblo presentó el Informe Nº 147 titulado “Aportes de la Defensoría del Pueblo para una Educación sin Corrupción”. Indica, el reporte periodístico (aún no ha sido puesto el informe en la página web de la Defensoría ¿?) que existen de manera persistente tres condiciones que favorecen actos de corrupción, irregularidades en procedimientos administrativos; irregularidades en proceso de contratación y nombramiento de personal; y deficiencias en las medidas de control.
La reflexión sobre el Informe Defensorial la hacemos a partir de la Resolución Defensorial Nº 0044-2009/DP del 02 de diciembre del presente año. Es bueno destacar que en el considerando la Defensoría del Pueblo (DP) precisa que para ella “…la corrupción tiene implicancias directas en la vigencia de los derechos fundamentales y el cumplimiento de los deberes de quienes forman parte de la administración estatal, además de incidir negativamente en el desarrollo del país, debilitando valores morales y las bases mismas en que se funda la sociedad democrática.” (Considerando Primero). Sin duda este párrafo requiere una explicación mayor y más sencilla de manera que todo el pueblo pueda entender la magnitud del daño que genera la corrupción a todos los niveles de la población y sus instituciones. Reducirla como hace la generalidad de instituciones y establecimientos públicos a carteles que se refieren a “Denuncias” es hacerle un flaco servicio a conseguir resultados indicadores de avances en este campo. Todo lo contrario, los avisos son un alerta para los corruptos y sus innovadoras formas de seguir corrompiendo.
Consideramos de otro lado que en aras de lo que la DP denomina “la magistratura de la persuasión” desarrolle un trabajo pedagógico de información específica para que el mensaje sea captado y apropiado por la ciudadanía. No bastan las campañas “Educación sin Corrupción” de los años 2006 y 2007, que tienen el efecto de lo que es una campaña de promoción en el sentido de informar al mercado o persuadirlo respecto a sus productos y servicios. Y tenemos como ejemplo las campañas por Navidad, por Fiestas Patrias, y otras, según las temporadas. ¿Por qué no imaginar una educación para el ejercicio de derechos ciudadanos sin corrupción? No es lo mismo promover el combate a la corrupción que erradicarla. Los corruptos sabemos “se las saben todas” y frente a ello no podemos parapetarnos sólo con un tejido legal desconocido por la mayoría y que no hace ante una denuncia sino soplar la responsabilidad de Herodes a Pilatos.
Encomiable el trabajo de la DP, sin embargo hay mucho por delante sobre todo en la pedagogía de la denuncia, en el aprendizaje de lo que significa la corrupción para el ciudadano, para las instituciones, la sociedad y el país. Los vericuetos en que se mueve este flagelo son diversos tanto en la ciudad, los barrios, en la zona rural y otros escenarios sofisticados.
No se trata de señalar los actos y los riesgos de la corrupción en el sector Educación, sino como bien dice la DP identificarlos y localizarlos.
La pedagogía de una educación sin corrupción debe apuntar como parte de la educación ciudadana a señalar cómo la corrupción vulnera derechos fundamentales tanto civiles como políticos o colectivos. Asimismo cuando los recursos son desviados para otros fines afectando directamente la plena realización de estos derechos consagrados en diferentes instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y en el caso de la corrupción en educación abarca los diferentes ámbitos del sector (político, administrativo y en las escuelas (Considerando Segundo) y afectan no sólo a la prestación del servicio educativo, sino a lo que la DP denomina al “contenido constitucional del derecho a la educación”. ¿Por qué no explicar este contenido constitucional de una manera que el pueblo lo entienda y se apropie de él? ¿Por qué no hace docencia sobre el contenido de este derecho como lo recuerda el Considerando en los siguientes puntos: i) acceso a una educación adecuada; ii) la permanencia y el respeto a la dignidad escolar; iii) la calidad de la educación; iv) la libertad de enseñanza; v) la libertad de conciencia de los estudiantes; vi) la libertad de cátedra; y, vi) la libertad de creación de centros docentes y universidades (Sentencia del Tribunal Constitucional recaías en el Expediente Nº 0091-2005-AA/TC de fecha 18.02.2005,f.j.Nº6, y el Expediente Nº 4646-2007/PA/TC del 19.V.2008, f.j.Nº15).. Reducir el acto de corrupción a denuncias y registro de cobros indebidos en los procesos de matrícula en las escuelas públicas cuando estos montos se sabe son utilizados para beneficio particular, y hacer de ello todo un escándalo mediático, es favorecer la corrupción antes que combatirla. Urge una pedagogía de información de los derechos ciudadanos que son letra muerta de la Constitución, de la Ley General de Educación; del Plan Multianual del Ministerio de Educación (PESEM), del Plan de Lucha contra la Corrupción. Todos los nombran, pero nadie los conoce como un derecho que tiene el ciudadano.
Los datos que se proporcionan en el Considerando Cuarto del documento que reseñamos nos dicen que “Durante la Campaña Educación sin Corrupción” 2007 se recibieron 1,519 quejas (¿cuál es la diferencia legal entre una queja y una denuncia? ¿Son sinónimos?) De ellas se nos dice que 1,071 fueron declaradas fundadas (¿qué significa fundadas? ¿darle la razón al denunciante o empezar un largo proceso legal? ¿Y mientras qué hace el quejoso o denunciante?). También se nos dice que el mayor número de quejas fundadas estuvo centrado en problemas identificados en la gestión administrativa y “clasificadas en el eje de casos que generan riesgos de corrupción”. (Si existen estos casos generadores de corrupción ¿por qué no se los combate previamente? ¿Qué sucede con la prevención del delito?). Nos dicen además con precisión que el número de quejas asciende a 840 (78.4%) del total. Se identifican las irregularidades: incumplimiento en el dictado de clases, irregularidades en el contenido de las planillas de pago, deficiencias en las medidas de control, irregularidades en el desplazamiento del personal y falta de transparencia y acceso a la información. De otro lado “las quejas por casos de corrupción” ascienden a 119 quejas (11.1%) tipificadas como cobros indebidos, uso indebido del cargo, impunidad y venta de notas. En tercer lugar los denominados “hechos vulneratorios” (atentados contra la integridad, acoso sexual y violación sexual) que registran 112 quejas (10,5%).
Identificando estas quejas por institución se dice que el mayor número de ellas se ubica en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) con 466 quejas (43,5%); las Direcciones Regionales de Educación (DRE) cn 272 quejas (25,4%) y finalmente las Instituciones Educativas (I.E.) con 262 quejas (24,5%). De todo ello la DP concluye “Como se puede advertir, el 68,9% de quejas referidas a la problemática de corrupción se concentra en las mismas instancias de gestión educativa (UGEL y DRE)”. Y añade que estos casos presentados en la campaña del 2007 “confirman los problemas presentados en la campaña-piloto llevada a cabo en el 2006”. Se indica que persisten “tres condiciones transversales que favorecen actos de corrupción” (¿Son actos o delitos? ¿por qué no llamar las cosas por su nombre?): i) ineficiencia de los mecanismos de sanción y control; ii) debilidad de los mecanismos de transparencia y límites de acceso a la información; y iii) precariedad de la vigilancia ciudadana.” Además expresa la DP que “a pesar de los esfuerzos (¿cuáles? ¿la oficina CADER ha sido evaluada? ¿poner la fotografía de los agresores sexuales, es su función?)…realizados por el Ministerio de Educación para superar tales condiciones, dichos problemas continúan presentándose: a) sobre los casos de corrupción:- impunidad; cobros indebidos; uso indebido del cargo; venta de notas. Sobre los casos que generan riesgos de corrupción: irregularidades en los procedimientos administrativos; en las planillas de pago; en la contratación y nombramiento de personal; en el desplazamiento de personal; incumplimiento del dictado de clases; falta de transparencia. Sobre los casos de violencia en contra de los (y las) estudiantes: atentados contra la integridad; acoso sexual; violación sexual. Además se advirtieron dos problemas transversales i) la falta de atención de las denuncias presentadas por los alumnos o padres de familia por parte de los Directores de las IE, y, ii) la de mora en el procedimiento de investigación de estos hechos y en la aplicación de sanciones a los responsables por parte de l DRE o la UGEL.”
Se manifiesta también que la demora en la investigación así como la imposición de sanciones a responsables obedece a múltiples factores como la carga procesal que tiene los órganos de la investigación (OCI, CADER o comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios; la falta de recursos humanos o logísticos de estos órganos y la falta de criterios o lineamientos de actuación. (las negritas son nuestras).
Siguen luego en la parte resolutiva las Recomendaciones al Ministerio de Educación para que “regule” en el Reglamento de la Ley del Profesorado la etapa de investigación preliminar de las denuncias administrativas…que modifique el articulo 126 de la Ley del profesorado; asimismo el art. 127 de la misma Ley; el art. 133 del Reglamento de la Ley del profesorado; e incorporar en dicho articulo del Reglamento la regulación de la ejecución inmediata o suspensión de las sanciones administrativas. También siguen Recomendaciones a la Presidencia del Consejo de Ministros; al Congreso de la República; al ministerio de Educación, a las DRE y a las UGEL que “refuercen los Órganos de Control Institucional (OCI) así como las Comisiones de Atención de Denuncias y Reclamos dotándolos de mayores recursos humanos, logísticos, presupuestales y tecnológicos que les permitan realizar una adecuada labor de investigación y control”.
Fieles al dicho “la pita se rompe por la parte más débil” ¿Por qué sólo se hace referencia sólo a los niveles de DRE, UGEL e IE? ¿Es que en los niveles más altos del sector no existe la corrupción? ¿Son impolutas las personas que ocupan los cargos? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo se adquieren las Laptop (¿hubo licitación? ¿no salió publicada en un diario la fotografía del presidente y el ministro de educación, conversando sobre dicha máquina que la tenían en el escritorio? ¿alguien hizo una denuncia?) Se le ocurrió al presidente y al ministro escuchar al señor Negroponte sobre las bondades de este instrumento y que invirtiendo uno US.100 dólares por máquina se podría dotar de ellas a los alumnos de primaria. ¿los costos son sólo 100 dólares? ¿por qué el señor Negroponte dejó su compañía y ahora aparece como uno de los personajes “auspiciadotes” en una especie de comité de asesores internacionales del Colegio Mayor, sublime “capricho” presidencial? ¿Por qué el Colegio Mayor tiene un estatus fuera de la Educación Básica Regular? ¿Por qué se rompe el sistema educativo nacional con una medida excluyente en medio de la prédica de la educación inclusiva? ¿Por qué el silencio del Ministro de Educación y su Dirección Nacional Superior y Técnico Productiva ante la denuncia sobre la Universidad Alas Peruanas? ¿No tienen nada qué opinar? ¿Por qué interfiere el Presidente y el ministro se deja, en asuntos educativos? Opina del SINEACE y lo urge a que cumpla su rol desconociendo cuáles son sus funciones. ¿Y qué ha pasado con la reconstrucción de la infraestructura educativa de la zona afectada por el sismo de 2007 en Pisco, Ica, Chincha, Cañete, parte de Huancavelica? ¿Acaso esta interferencia no son la cepa para que nuevas formas de corrupción se generen? Habrán muchas justificaciones sofisticadas, pero poco o nada convincentes ante la opinión pública.
Una pena que la campaña educación sin corrupción no llegue a los altos niveles del aparato del Estado. Se podrá decir que es función del Congreso de la República, pero habrá que recordar que el monstruo de la corrupción se mimetiza cuando de llegar a esos niveles se trata, se han inventado de manera sofisticada palabras como lobys para disfrazar el tema; también se le dice “tráfico de influencias” y quien se sienta tocado (autoridades en general) reacciona como el congresista aquel que muy orondo responde “un pinche funcionario de quinta me quiere involucrar”, hablando despectivamente de un funcionario regional que trata de “defender” a su manera sus fueros y decisiones. ¿Estas no son larvas de corrupción que se regeneran en las altas esferas con el beneplácito de los que detentan el poder.
El trabajo de la Defensoría del Pueblo es encomiable, pero es necesario hacer pedagogía y docencia desde este nivel sobre son los derechos ciudadanos y romper inercias para que en el país que se dice democrático no existan intocables que se parapetan en los subterfugios tinterillescos para hacer valer su verdad.
Es necesario además que la Defensoría del Pueblo haga docencia y difusión sobre lo que es la ética ciudadana, y lo que significa la ética del funcionario público y de los políticos que fueron elegidos por el pueblo, más allá de la preferencia política. Nuestro país no necesita seguir maquillando la democracia, los derechos humanos, con palabras altisonantes sino con la difusión de mensajes educativos que esclarezcan, que cuestionen cuando lo requiera la realidad. No dejemos el derecho a la fiscalización a quienes son un poder que responde también a intereses particulares: los medios de comunicación. Existen muchos cabos sueltos, que es necesario no perderlos de vista si queremos empezar a salir del laberinto de la corrupción.
Por Luis Miguel Saravia C.
Sin duda la Defensoría del Pueblo es una institución insignia de nuestra democracia pues está instituyendo una nueva manera de participación respetando los derechos y evidenciando los deberes de la ciudadanía. Es una de la formas de vivir en democracia., aunque algunos con una representatividad relativa, se sientan todo poderosos y por encima del bien y el mal. Ejemplos recientes tenemos de falsos demócratas que se vuelven juez y parte y se declaran la encarnación de la ética y de la justicia. Es duro vivir en democracia y más aún ejercer la función representativa no sintiéndose primus inter pares sino todo lo contrario.
La semana pasada la Defensora del Pueblo presentó el Informe Nº 147 titulado “Aportes de la Defensoría del Pueblo para una Educación sin Corrupción”. Indica, el reporte periodístico (aún no ha sido puesto el informe en la página web de la Defensoría ¿?) que existen de manera persistente tres condiciones que favorecen actos de corrupción, irregularidades en procedimientos administrativos; irregularidades en proceso de contratación y nombramiento de personal; y deficiencias en las medidas de control.
La reflexión sobre el Informe Defensorial la hacemos a partir de la Resolución Defensorial Nº 0044-2009/DP del 02 de diciembre del presente año. Es bueno destacar que en el considerando la Defensoría del Pueblo (DP) precisa que para ella “…la corrupción tiene implicancias directas en la vigencia de los derechos fundamentales y el cumplimiento de los deberes de quienes forman parte de la administración estatal, además de incidir negativamente en el desarrollo del país, debilitando valores morales y las bases mismas en que se funda la sociedad democrática.” (Considerando Primero). Sin duda este párrafo requiere una explicación mayor y más sencilla de manera que todo el pueblo pueda entender la magnitud del daño que genera la corrupción a todos los niveles de la población y sus instituciones. Reducirla como hace la generalidad de instituciones y establecimientos públicos a carteles que se refieren a “Denuncias” es hacerle un flaco servicio a conseguir resultados indicadores de avances en este campo. Todo lo contrario, los avisos son un alerta para los corruptos y sus innovadoras formas de seguir corrompiendo.
Consideramos de otro lado que en aras de lo que la DP denomina “la magistratura de la persuasión” desarrolle un trabajo pedagógico de información específica para que el mensaje sea captado y apropiado por la ciudadanía. No bastan las campañas “Educación sin Corrupción” de los años 2006 y 2007, que tienen el efecto de lo que es una campaña de promoción en el sentido de informar al mercado o persuadirlo respecto a sus productos y servicios. Y tenemos como ejemplo las campañas por Navidad, por Fiestas Patrias, y otras, según las temporadas. ¿Por qué no imaginar una educación para el ejercicio de derechos ciudadanos sin corrupción? No es lo mismo promover el combate a la corrupción que erradicarla. Los corruptos sabemos “se las saben todas” y frente a ello no podemos parapetarnos sólo con un tejido legal desconocido por la mayoría y que no hace ante una denuncia sino soplar la responsabilidad de Herodes a Pilatos.
Encomiable el trabajo de la DP, sin embargo hay mucho por delante sobre todo en la pedagogía de la denuncia, en el aprendizaje de lo que significa la corrupción para el ciudadano, para las instituciones, la sociedad y el país. Los vericuetos en que se mueve este flagelo son diversos tanto en la ciudad, los barrios, en la zona rural y otros escenarios sofisticados.
No se trata de señalar los actos y los riesgos de la corrupción en el sector Educación, sino como bien dice la DP identificarlos y localizarlos.
La pedagogía de una educación sin corrupción debe apuntar como parte de la educación ciudadana a señalar cómo la corrupción vulnera derechos fundamentales tanto civiles como políticos o colectivos. Asimismo cuando los recursos son desviados para otros fines afectando directamente la plena realización de estos derechos consagrados en diferentes instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y en el caso de la corrupción en educación abarca los diferentes ámbitos del sector (político, administrativo y en las escuelas (Considerando Segundo) y afectan no sólo a la prestación del servicio educativo, sino a lo que la DP denomina al “contenido constitucional del derecho a la educación”. ¿Por qué no explicar este contenido constitucional de una manera que el pueblo lo entienda y se apropie de él? ¿Por qué no hace docencia sobre el contenido de este derecho como lo recuerda el Considerando en los siguientes puntos: i) acceso a una educación adecuada; ii) la permanencia y el respeto a la dignidad escolar; iii) la calidad de la educación; iv) la libertad de enseñanza; v) la libertad de conciencia de los estudiantes; vi) la libertad de cátedra; y, vi) la libertad de creación de centros docentes y universidades (Sentencia del Tribunal Constitucional recaías en el Expediente Nº 0091-2005-AA/TC de fecha 18.02.2005,f.j.Nº6, y el Expediente Nº 4646-2007/PA/TC del 19.V.2008, f.j.Nº15).. Reducir el acto de corrupción a denuncias y registro de cobros indebidos en los procesos de matrícula en las escuelas públicas cuando estos montos se sabe son utilizados para beneficio particular, y hacer de ello todo un escándalo mediático, es favorecer la corrupción antes que combatirla. Urge una pedagogía de información de los derechos ciudadanos que son letra muerta de la Constitución, de la Ley General de Educación; del Plan Multianual del Ministerio de Educación (PESEM), del Plan de Lucha contra la Corrupción. Todos los nombran, pero nadie los conoce como un derecho que tiene el ciudadano.
Los datos que se proporcionan en el Considerando Cuarto del documento que reseñamos nos dicen que “Durante la Campaña Educación sin Corrupción” 2007 se recibieron 1,519 quejas (¿cuál es la diferencia legal entre una queja y una denuncia? ¿Son sinónimos?) De ellas se nos dice que 1,071 fueron declaradas fundadas (¿qué significa fundadas? ¿darle la razón al denunciante o empezar un largo proceso legal? ¿Y mientras qué hace el quejoso o denunciante?). También se nos dice que el mayor número de quejas fundadas estuvo centrado en problemas identificados en la gestión administrativa y “clasificadas en el eje de casos que generan riesgos de corrupción”. (Si existen estos casos generadores de corrupción ¿por qué no se los combate previamente? ¿Qué sucede con la prevención del delito?). Nos dicen además con precisión que el número de quejas asciende a 840 (78.4%) del total. Se identifican las irregularidades: incumplimiento en el dictado de clases, irregularidades en el contenido de las planillas de pago, deficiencias en las medidas de control, irregularidades en el desplazamiento del personal y falta de transparencia y acceso a la información. De otro lado “las quejas por casos de corrupción” ascienden a 119 quejas (11.1%) tipificadas como cobros indebidos, uso indebido del cargo, impunidad y venta de notas. En tercer lugar los denominados “hechos vulneratorios” (atentados contra la integridad, acoso sexual y violación sexual) que registran 112 quejas (10,5%).
Identificando estas quejas por institución se dice que el mayor número de ellas se ubica en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) con 466 quejas (43,5%); las Direcciones Regionales de Educación (DRE) cn 272 quejas (25,4%) y finalmente las Instituciones Educativas (I.E.) con 262 quejas (24,5%). De todo ello la DP concluye “Como se puede advertir, el 68,9% de quejas referidas a la problemática de corrupción se concentra en las mismas instancias de gestión educativa (UGEL y DRE)”. Y añade que estos casos presentados en la campaña del 2007 “confirman los problemas presentados en la campaña-piloto llevada a cabo en el 2006”. Se indica que persisten “tres condiciones transversales que favorecen actos de corrupción” (¿Son actos o delitos? ¿por qué no llamar las cosas por su nombre?): i) ineficiencia de los mecanismos de sanción y control; ii) debilidad de los mecanismos de transparencia y límites de acceso a la información; y iii) precariedad de la vigilancia ciudadana.” Además expresa la DP que “a pesar de los esfuerzos (¿cuáles? ¿la oficina CADER ha sido evaluada? ¿poner la fotografía de los agresores sexuales, es su función?)…realizados por el Ministerio de Educación para superar tales condiciones, dichos problemas continúan presentándose: a) sobre los casos de corrupción:- impunidad; cobros indebidos; uso indebido del cargo; venta de notas. Sobre los casos que generan riesgos de corrupción: irregularidades en los procedimientos administrativos; en las planillas de pago; en la contratación y nombramiento de personal; en el desplazamiento de personal; incumplimiento del dictado de clases; falta de transparencia. Sobre los casos de violencia en contra de los (y las) estudiantes: atentados contra la integridad; acoso sexual; violación sexual. Además se advirtieron dos problemas transversales i) la falta de atención de las denuncias presentadas por los alumnos o padres de familia por parte de los Directores de las IE, y, ii) la de mora en el procedimiento de investigación de estos hechos y en la aplicación de sanciones a los responsables por parte de l DRE o la UGEL.”
Se manifiesta también que la demora en la investigación así como la imposición de sanciones a responsables obedece a múltiples factores como la carga procesal que tiene los órganos de la investigación (OCI, CADER o comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios; la falta de recursos humanos o logísticos de estos órganos y la falta de criterios o lineamientos de actuación. (las negritas son nuestras).
Siguen luego en la parte resolutiva las Recomendaciones al Ministerio de Educación para que “regule” en el Reglamento de la Ley del Profesorado la etapa de investigación preliminar de las denuncias administrativas…que modifique el articulo 126 de la Ley del profesorado; asimismo el art. 127 de la misma Ley; el art. 133 del Reglamento de la Ley del profesorado; e incorporar en dicho articulo del Reglamento la regulación de la ejecución inmediata o suspensión de las sanciones administrativas. También siguen Recomendaciones a la Presidencia del Consejo de Ministros; al Congreso de la República; al ministerio de Educación, a las DRE y a las UGEL que “refuercen los Órganos de Control Institucional (OCI) así como las Comisiones de Atención de Denuncias y Reclamos dotándolos de mayores recursos humanos, logísticos, presupuestales y tecnológicos que les permitan realizar una adecuada labor de investigación y control”.
Fieles al dicho “la pita se rompe por la parte más débil” ¿Por qué sólo se hace referencia sólo a los niveles de DRE, UGEL e IE? ¿Es que en los niveles más altos del sector no existe la corrupción? ¿Son impolutas las personas que ocupan los cargos? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo se adquieren las Laptop (¿hubo licitación? ¿no salió publicada en un diario la fotografía del presidente y el ministro de educación, conversando sobre dicha máquina que la tenían en el escritorio? ¿alguien hizo una denuncia?) Se le ocurrió al presidente y al ministro escuchar al señor Negroponte sobre las bondades de este instrumento y que invirtiendo uno US.100 dólares por máquina se podría dotar de ellas a los alumnos de primaria. ¿los costos son sólo 100 dólares? ¿por qué el señor Negroponte dejó su compañía y ahora aparece como uno de los personajes “auspiciadotes” en una especie de comité de asesores internacionales del Colegio Mayor, sublime “capricho” presidencial? ¿Por qué el Colegio Mayor tiene un estatus fuera de la Educación Básica Regular? ¿Por qué se rompe el sistema educativo nacional con una medida excluyente en medio de la prédica de la educación inclusiva? ¿Por qué el silencio del Ministro de Educación y su Dirección Nacional Superior y Técnico Productiva ante la denuncia sobre la Universidad Alas Peruanas? ¿No tienen nada qué opinar? ¿Por qué interfiere el Presidente y el ministro se deja, en asuntos educativos? Opina del SINEACE y lo urge a que cumpla su rol desconociendo cuáles son sus funciones. ¿Y qué ha pasado con la reconstrucción de la infraestructura educativa de la zona afectada por el sismo de 2007 en Pisco, Ica, Chincha, Cañete, parte de Huancavelica? ¿Acaso esta interferencia no son la cepa para que nuevas formas de corrupción se generen? Habrán muchas justificaciones sofisticadas, pero poco o nada convincentes ante la opinión pública.
Una pena que la campaña educación sin corrupción no llegue a los altos niveles del aparato del Estado. Se podrá decir que es función del Congreso de la República, pero habrá que recordar que el monstruo de la corrupción se mimetiza cuando de llegar a esos niveles se trata, se han inventado de manera sofisticada palabras como lobys para disfrazar el tema; también se le dice “tráfico de influencias” y quien se sienta tocado (autoridades en general) reacciona como el congresista aquel que muy orondo responde “un pinche funcionario de quinta me quiere involucrar”, hablando despectivamente de un funcionario regional que trata de “defender” a su manera sus fueros y decisiones. ¿Estas no son larvas de corrupción que se regeneran en las altas esferas con el beneplácito de los que detentan el poder.
El trabajo de la Defensoría del Pueblo es encomiable, pero es necesario hacer pedagogía y docencia desde este nivel sobre son los derechos ciudadanos y romper inercias para que en el país que se dice democrático no existan intocables que se parapetan en los subterfugios tinterillescos para hacer valer su verdad.
Es necesario además que la Defensoría del Pueblo haga docencia y difusión sobre lo que es la ética ciudadana, y lo que significa la ética del funcionario público y de los políticos que fueron elegidos por el pueblo, más allá de la preferencia política. Nuestro país no necesita seguir maquillando la democracia, los derechos humanos, con palabras altisonantes sino con la difusión de mensajes educativos que esclarezcan, que cuestionen cuando lo requiera la realidad. No dejemos el derecho a la fiscalización a quienes son un poder que responde también a intereses particulares: los medios de comunicación. Existen muchos cabos sueltos, que es necesario no perderlos de vista si queremos empezar a salir del laberinto de la corrupción.
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