jueves, 8 de octubre de 2009

TRIBUNA ABIERTA

Centros educativos privados
Por Guillermo Rodríguez Quispe
Fuente: El Peruano

El Estado es el promotor del desarrollo y bienestar de todos los peruanos y garantiza el acceso a la Educación, que es un derecho amparado por la Constitución Política del Perú, cuya finalidad es el desarrollo integral de la persona, reconociendo y garantizando la libertad de enseñanza.
Aquí es necesario indicar que si bien es cierto que el Estado ofrece una educación gratuita, esto no impide que los centros educativos privados apoyen y contribuyan en esta tarea con el financiamiento de los padres de familia.

Sin embargo, hay que señalar que, así como hay buenas instituciones de enseñanza que brindan un excelente servicio educativo, en beneficio de la sociedad y a las que el país les expresa su reconocimiento, lamentablemente también hay algunos centros escolares cuyos promotores cometen abusos y lucran con la educación.
Recientemente, un medio de comunicación informó sobre el maltrato psicológico que sufrió una niña en su centro educativo, por el sólo hecho de que sus padres no habían cumplido con pagar la mensualidad de enseñanza. Lo peor del problema es que no se trata de un hecho aislado, porque el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), actualmente está procesando 156 denuncias contra los centros educativos que están incurriendo en maltratos psicológicos, humillación y discriminación, contra indefensos niños, ocasionándoles daños irreparables en su personalidad.

Otra modalidad de abuso y arbitrariedad se produce en algunos centros educativos que condicionan las matrículas a pagos indebidos y excesivos y obligan a los padres de familia a comprar uniformes, libros y cuadernos en tiendas exclusivas, así como la adquisición de tarjetas de actividades de esparcimiento innecesarias y lucrativas, lo que demuestra que han perdido la mística y la vocación de servicio social.

En consecuencia, no se pretende que los centros educativos privados, brinden un servicio gratuito, sino lo que se exige es que en sus acciones de cobranza por concepto de enseñanza, lo hagan sin perjudicar al estudiante y busquen alternativas de solución para que los padres de familia cumplan con los compromisos que han adquirido en beneficio de la educación de sus hijos.
La adquisición de conocimientos y la inculcación de valores ético morales deben ir de la mano en una delicada tarea que es fundamental para la formación de los futuros ciudadanos.

Considero por tanto pertinente hacer un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación, para que apliquen con rigor las sanciones respectivas y pongan fin a los excesos intolerables que solo alientan injustas desigualdades sociales. Asimismo, nuestro reconocimiento al Indecopi, por su ardua labor de defender y proteger a la niñez y juventud estudiosa del país; acción que coadyuvará a impulsar el desarrollo de nuestra Patria y hacer del Perú, un país más justo y libre.

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