TRIBUNA ABIERTA
Universidad y sociedad anómica
Por Zenon Depaz
Fuente: La Primera
Comentando la situación de la educación universitaria en el Perú, dábamos cuenta de una absoluta ausencia de mecanismos de regulación y garantía pública de estándares mínimos de calidad académica, graficada en hechos escandalosos como la existencia de cientos de filiales compitiendo en la venta de grados y títulos universitarios con los falsificadores del jirón Azángaro; de las cuales, en el colmo de la anomia, la mayor cuota corresponde a una “universidad” –con ello, también la de mayor matrícula en el país– cuyo funcionamiento nunca fue autorizado por el único organismo público que tiene potestad para ello: CONAFU.
Esto ocurre en el más alto nivel del ámbito educativo (que hoy tiene atención prioritaria en los países que encaran con seriedad el tema del desarrollo), ante la sospechosa indolencia del gobierno y los operadores políticos del “consenso” neoliberal heredado por el fujimontesinismo (muchos de ellos, empezando por los encargados del tema educativo, involucrados directamente en este negocio), bajo la coartada de la autonomía universitaria, que sólo sirve ahora para legalizar el abandono de la universidad por parte del Estado, incluyendo a las universidades públicas, libradas a su suerte, muchas de ellas controladas por mafias de autoridades y “dirigencias” estudiantiles corruptas (merced a reglas de juego provistas por la actual Ley Universitaria, que favorecen su accionar) que suman lo suyo a la deplorable situación antes señalada.
Tal es el panorama universitario en nuestro país, con excepción de muy pocas universidades privadas (las que, por lo mismo, han tendido a elitizarse en cuanto al sector social del que procede su comunidad universitaria) y públicas (en mayor número, aunque igualmente escaso). Con la desventaja para estas últimas, de hallarse permanentemente en riesgo de que el cambio de una administración eficiente –que las hay- por una mediocre y corrupta –suelen ser las más, habiendo probado que pueden apoderarse hasta de las de mayor prestigio-, ponga en riesgo sus avances y su vida institucional.
Nos ocupamos de este tema –y aún continuaremos haciéndolo– porque, contrastando con la cómplice indolencia del gobierno al respecto, se trata de un ámbito decisivo para el desarrollo nacional, si pensamos seriamente en ello, puesto que, tengámoslo claro, no hay posibilidad alguna de desarrollo sin una educación superior que forme, con estándares de calidad internacionales, los cuadros dirigentes del país y sus regiones (hoy caracterizados, para vergüenza y perjuicio nuestro, por su extrema mediocridad intelectual y moral), y genere conocimiento que incorpore valor agregado a nuestra producción.
Por Zenon Depaz
Fuente: La Primera
Comentando la situación de la educación universitaria en el Perú, dábamos cuenta de una absoluta ausencia de mecanismos de regulación y garantía pública de estándares mínimos de calidad académica, graficada en hechos escandalosos como la existencia de cientos de filiales compitiendo en la venta de grados y títulos universitarios con los falsificadores del jirón Azángaro; de las cuales, en el colmo de la anomia, la mayor cuota corresponde a una “universidad” –con ello, también la de mayor matrícula en el país– cuyo funcionamiento nunca fue autorizado por el único organismo público que tiene potestad para ello: CONAFU.
Esto ocurre en el más alto nivel del ámbito educativo (que hoy tiene atención prioritaria en los países que encaran con seriedad el tema del desarrollo), ante la sospechosa indolencia del gobierno y los operadores políticos del “consenso” neoliberal heredado por el fujimontesinismo (muchos de ellos, empezando por los encargados del tema educativo, involucrados directamente en este negocio), bajo la coartada de la autonomía universitaria, que sólo sirve ahora para legalizar el abandono de la universidad por parte del Estado, incluyendo a las universidades públicas, libradas a su suerte, muchas de ellas controladas por mafias de autoridades y “dirigencias” estudiantiles corruptas (merced a reglas de juego provistas por la actual Ley Universitaria, que favorecen su accionar) que suman lo suyo a la deplorable situación antes señalada.
Tal es el panorama universitario en nuestro país, con excepción de muy pocas universidades privadas (las que, por lo mismo, han tendido a elitizarse en cuanto al sector social del que procede su comunidad universitaria) y públicas (en mayor número, aunque igualmente escaso). Con la desventaja para estas últimas, de hallarse permanentemente en riesgo de que el cambio de una administración eficiente –que las hay- por una mediocre y corrupta –suelen ser las más, habiendo probado que pueden apoderarse hasta de las de mayor prestigio-, ponga en riesgo sus avances y su vida institucional.
Nos ocupamos de este tema –y aún continuaremos haciéndolo– porque, contrastando con la cómplice indolencia del gobierno al respecto, se trata de un ámbito decisivo para el desarrollo nacional, si pensamos seriamente en ello, puesto que, tengámoslo claro, no hay posibilidad alguna de desarrollo sin una educación superior que forme, con estándares de calidad internacionales, los cuadros dirigentes del país y sus regiones (hoy caracterizados, para vergüenza y perjuicio nuestro, por su extrema mediocridad intelectual y moral), y genere conocimiento que incorpore valor agregado a nuestra producción.
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