INTERNACIONALES
El presidente docente
Fuente: El Comercio
Si en el 2001 la discusión de una reforma educativa en Venezuela que, entre otros aspectos, pretendía colocar supervisores gubernamentales en las escuelas, generó tal resistencia que el gobierno de Hugo Chávez retrocedió y la norma terminó en el archivo; y en el 2007 un nuevo intento de reforma, esta vez a través de un referéndum constitucional, fue rechazado por los votantes, el 13 de agosto pasado; a la Asamblea Nacional (Congreso) le bastaron solo 10 horas de discusión para aprobar una Ley Orgánica de Educación (LOE) que tiene nuevamente en las calles a los venezolanos, manifestándose a favor y en contra del Gobierno.
Hagamos un breve repaso por los aspectos más polémicos de esta ley de 50 artículos y cinco disposiciones transitorias:
El artículo 5 crea la figura del Estado docente. En total son 44 las atribuciones del Estado en el tema educativo, que van desde la formación y selección de maestros, hasta la asignación de plazas en las universidades. Mientras que el Gobierno asegura que se busca recuperar el papel estatal, para la oposición el objetivo es la imposición de la doctrina socialista entre los estudiantes.
El artículo 18 es aun más polémico. Señala que los consejos comunales, llamados “organizaciones comunitarias del Poder Popular”, tendrán injerencia en las escuelas, “ejerciendo un rol pedagógico liberador para la formación de una nueva ciudadanía con responsabilidad social”. Para el Gobierno, lo que se busca es integrar las escuelas a sus comunidades. Pero la oposición dice que estos usarán políticamente los planteles escolares.
La Iglesia tampoco queda al margen de la discusión. El artículo 7 determina que la educación será laica.
Otros aspectos controvertidos son: el Estado regulará las cuotas de las matrículas escolares de los colegios públicos y privados, y abre la posibilidad para que, a partir de una ley orgánica, se restrinja el cupo en las universidades (privadas o estatales) a los estudiantes de colegios privados y se amplíe el de los públicos.
Los medios de comunicación también figuran en la norma. Hace unos días, la comunidad internacional reaccionó de manera unánime en contra de la presentación del “proyecto de ley especial de delitos mediáticos”, que prevé penas de cárcel para aquellos medios que atenten contra la estabilidad de las instituciones, la paz social o la moral pública. Ahora la LOE establece la obligación de los medios a transmitir contenidos educativos y castiga la divulgación de impresos u otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños. “En caso de infracción de este numeral, los órganos rectores en materia de educación solicitarán a la autoridad correspondiente la suspensión inmediata de las actividades o publicaciones de que se trate…” (Disposiciones Transitorias, acápite 12). Para la oposición, está claro que se busca un mayor control estatal de los medios de comunicación. El Gobierno piensa que los medios tienen la obligación de contribuir en la educación de los niños.
¿SOCIALISTA O COMUNISTA?
Fernando Travieso, analista venezolano experto en temas petroleros y defensor de las medidas socialistas del Gobierno, asegura que el objetivo de la ley es “resaltar valores fundamentales que se habían perdido en el mal llamado proceso de globalización”.
“Acá lo que se rescata es la facultad del Estado en su calidad de docente para fiscalizar el cumplimiento de los planes de estudio, que tienen que ser de carácter unitario, porque esta es la base de lo que es el Estado-nación”, remarca Travieso en conversación con El Comercio.
Pero el politólogo Luis Nunes discrepa con Travieso. “Yo he pasado un mes en Venezuela. Regreso al Perú sumamente preocupado porque veo que el país va camino hacia un sistema que ni siquiera es socialista, sino comunista”, enfatiza Nunes.
Este argumento es rebatido por Travieso, quien explica que la nueva norma está lejos de parecerse a la cubana y asegura que es mucho más similar a las leyes sobre educación francesas.
Para Nunes, la norma también afecta a la educación universitaria. Detalla que le quita autoridad al consejo universitario y elimina las federaciones y centros de estudiantes.
POLÉMICOS SUPERVISORES
En cuanto al papel de los consejos comunales y su posible uso político, Travieso adelanta que se dictarán normas complementarias para detallar las funciones y atribuciones de estos. Agrega que en su mayoría están integrados por padres de familia y que no serán politizados porque la ley prohíbe manifestaciones de índole política en los colegios.
La visión que tiene Nunes es distinta, pues asegura que en los consejos comunales los padres de familia son minoría y no tienen poder de decisión. Resalta que estos supervisores tendrán un gran poder de decisión en los colegios, tanto públicos como privados.
“El presidente no ha tenido ningún problema en admitir que habrá un contenido ideologizado y socialista en los planes de estudio”, remarca Nunes.
EDUCACIÓN LAICA Y MEDIOS
Hace unos días, el cardenal venezolano Jorge Urosa Savino declaró que los colegios católicos seguirán impartiendo la educación religiosa, aunque precisó que lo harán por otras vías. Además, lamentó que la norma se haya aprobado sin la opinión de todos los sectores de la sociedad civil.
“Los colegios religiosos funcionarán igual. Los padres escogerán la religión de su hijo. Venezuela es un país de mayoría católica y nosotros tenemos una gran coincidencia con lo que es la doctrina católica Todos los colegios tienen que abarcar lo que es geografía, historia, castellano y lo que significa ser un país petrolero. Es decir, el Estado supervisa que el plan de estudios sea impartido por todas las escuelas”, sostiene Travieso sobre la polémica que ha surgido con la Iglesia.
En cuanto a los medios de comunicación, para Nunes el Gobierno, al no haber podido aprobar la ley de delitos mediáticos, de alguna manera la introduce en la LOE. “Es un asunto discrecional. Quién decide lo que puede generar daño en los niños. Esta medida está destinada a que las mayorías no tengan forma de expresarse”.
En cambio, para Travieso esta es una de las innovaciones que trae la ley, pues resalta el papel educador de los medios, especialmente la televisión. “Los niños pasan más horas frente al televisor que en el colegio”, puntualiza.
Ocho días después de promulgada la norma aprobada en 10 horas, la idea inicial de promover una consulta popular para derogarla va perdiendo terreno entre los opositores, que ahora llaman al desacato, mientras que para el Gobierno este es un hecho consumado. ¿Quién ganará esta vez?
SEPA MÁS
Proselitismo, doctrina y sanciones
Artículo 12
No está permitida la realización de actividades de proselitismo o propaganda partidista en las instituciones y centros educativos del subsistema de educación básica [...].
Artículo 14
[...] La educación regulada por esta ley se fundamenta en la doctrina de nuestro libertador Simón Bolívar [...] en el humanismo social y está abierta a todas las corrientes del pensamiento [...].
Disposición transitoria
Para garantizar los principios establecidos en la Constitución de la República y en la presente ley, el Ministerio del Poder Popular en materia de Educación podrá clausurar o exigir la reorganización de las instituciones educativas privadas en los cuales se atente contra ellos [...].
Fuente: El Comercio
Si en el 2001 la discusión de una reforma educativa en Venezuela que, entre otros aspectos, pretendía colocar supervisores gubernamentales en las escuelas, generó tal resistencia que el gobierno de Hugo Chávez retrocedió y la norma terminó en el archivo; y en el 2007 un nuevo intento de reforma, esta vez a través de un referéndum constitucional, fue rechazado por los votantes, el 13 de agosto pasado; a la Asamblea Nacional (Congreso) le bastaron solo 10 horas de discusión para aprobar una Ley Orgánica de Educación (LOE) que tiene nuevamente en las calles a los venezolanos, manifestándose a favor y en contra del Gobierno.
Hagamos un breve repaso por los aspectos más polémicos de esta ley de 50 artículos y cinco disposiciones transitorias:
El artículo 5 crea la figura del Estado docente. En total son 44 las atribuciones del Estado en el tema educativo, que van desde la formación y selección de maestros, hasta la asignación de plazas en las universidades. Mientras que el Gobierno asegura que se busca recuperar el papel estatal, para la oposición el objetivo es la imposición de la doctrina socialista entre los estudiantes.
El artículo 18 es aun más polémico. Señala que los consejos comunales, llamados “organizaciones comunitarias del Poder Popular”, tendrán injerencia en las escuelas, “ejerciendo un rol pedagógico liberador para la formación de una nueva ciudadanía con responsabilidad social”. Para el Gobierno, lo que se busca es integrar las escuelas a sus comunidades. Pero la oposición dice que estos usarán políticamente los planteles escolares.
La Iglesia tampoco queda al margen de la discusión. El artículo 7 determina que la educación será laica.
Otros aspectos controvertidos son: el Estado regulará las cuotas de las matrículas escolares de los colegios públicos y privados, y abre la posibilidad para que, a partir de una ley orgánica, se restrinja el cupo en las universidades (privadas o estatales) a los estudiantes de colegios privados y se amplíe el de los públicos.
Los medios de comunicación también figuran en la norma. Hace unos días, la comunidad internacional reaccionó de manera unánime en contra de la presentación del “proyecto de ley especial de delitos mediáticos”, que prevé penas de cárcel para aquellos medios que atenten contra la estabilidad de las instituciones, la paz social o la moral pública. Ahora la LOE establece la obligación de los medios a transmitir contenidos educativos y castiga la divulgación de impresos u otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños. “En caso de infracción de este numeral, los órganos rectores en materia de educación solicitarán a la autoridad correspondiente la suspensión inmediata de las actividades o publicaciones de que se trate…” (Disposiciones Transitorias, acápite 12). Para la oposición, está claro que se busca un mayor control estatal de los medios de comunicación. El Gobierno piensa que los medios tienen la obligación de contribuir en la educación de los niños.
¿SOCIALISTA O COMUNISTA?
Fernando Travieso, analista venezolano experto en temas petroleros y defensor de las medidas socialistas del Gobierno, asegura que el objetivo de la ley es “resaltar valores fundamentales que se habían perdido en el mal llamado proceso de globalización”.
“Acá lo que se rescata es la facultad del Estado en su calidad de docente para fiscalizar el cumplimiento de los planes de estudio, que tienen que ser de carácter unitario, porque esta es la base de lo que es el Estado-nación”, remarca Travieso en conversación con El Comercio.
Pero el politólogo Luis Nunes discrepa con Travieso. “Yo he pasado un mes en Venezuela. Regreso al Perú sumamente preocupado porque veo que el país va camino hacia un sistema que ni siquiera es socialista, sino comunista”, enfatiza Nunes.
Este argumento es rebatido por Travieso, quien explica que la nueva norma está lejos de parecerse a la cubana y asegura que es mucho más similar a las leyes sobre educación francesas.
Para Nunes, la norma también afecta a la educación universitaria. Detalla que le quita autoridad al consejo universitario y elimina las federaciones y centros de estudiantes.
POLÉMICOS SUPERVISORES
En cuanto al papel de los consejos comunales y su posible uso político, Travieso adelanta que se dictarán normas complementarias para detallar las funciones y atribuciones de estos. Agrega que en su mayoría están integrados por padres de familia y que no serán politizados porque la ley prohíbe manifestaciones de índole política en los colegios.
La visión que tiene Nunes es distinta, pues asegura que en los consejos comunales los padres de familia son minoría y no tienen poder de decisión. Resalta que estos supervisores tendrán un gran poder de decisión en los colegios, tanto públicos como privados.
“El presidente no ha tenido ningún problema en admitir que habrá un contenido ideologizado y socialista en los planes de estudio”, remarca Nunes.
EDUCACIÓN LAICA Y MEDIOS
Hace unos días, el cardenal venezolano Jorge Urosa Savino declaró que los colegios católicos seguirán impartiendo la educación religiosa, aunque precisó que lo harán por otras vías. Además, lamentó que la norma se haya aprobado sin la opinión de todos los sectores de la sociedad civil.
“Los colegios religiosos funcionarán igual. Los padres escogerán la religión de su hijo. Venezuela es un país de mayoría católica y nosotros tenemos una gran coincidencia con lo que es la doctrina católica Todos los colegios tienen que abarcar lo que es geografía, historia, castellano y lo que significa ser un país petrolero. Es decir, el Estado supervisa que el plan de estudios sea impartido por todas las escuelas”, sostiene Travieso sobre la polémica que ha surgido con la Iglesia.
En cuanto a los medios de comunicación, para Nunes el Gobierno, al no haber podido aprobar la ley de delitos mediáticos, de alguna manera la introduce en la LOE. “Es un asunto discrecional. Quién decide lo que puede generar daño en los niños. Esta medida está destinada a que las mayorías no tengan forma de expresarse”.
En cambio, para Travieso esta es una de las innovaciones que trae la ley, pues resalta el papel educador de los medios, especialmente la televisión. “Los niños pasan más horas frente al televisor que en el colegio”, puntualiza.
Ocho días después de promulgada la norma aprobada en 10 horas, la idea inicial de promover una consulta popular para derogarla va perdiendo terreno entre los opositores, que ahora llaman al desacato, mientras que para el Gobierno este es un hecho consumado. ¿Quién ganará esta vez?
SEPA MÁS
Proselitismo, doctrina y sanciones
Artículo 12
No está permitida la realización de actividades de proselitismo o propaganda partidista en las instituciones y centros educativos del subsistema de educación básica [...].
Artículo 14
[...] La educación regulada por esta ley se fundamenta en la doctrina de nuestro libertador Simón Bolívar [...] en el humanismo social y está abierta a todas las corrientes del pensamiento [...].
Disposición transitoria
Para garantizar los principios establecidos en la Constitución de la República y en la presente ley, el Ministerio del Poder Popular en materia de Educación podrá clausurar o exigir la reorganización de las instituciones educativas privadas en los cuales se atente contra ellos [...].
0 comentarios:
Publicar un comentario