ARTÍCULOS DE ASOCIADOS

¿Se cumplirá con la infancia prometida?

Por: Carmen Lora

Publicado en la Revista IDEELE

Quiero aproximarme al balance de la mitad del periodo del actual Gobierno desde un aspecto fundamental de la política pública: el espacio que la infancia ha tenido y tiene en su gestión.

Esta prioridad cuenta con un fundamento ético: cuán responsable es un Estado y una sociedad por el desarrollo de su población infantil; desde otra óptica, diversos estudios confirman que la inversión en la infancia como política pública tiene réditos decisivos, porque es preventiva y porque atiende a la persona en una etapa fundamental de la vida para el despliegue de sus capacidades.

El Perú tiene muchas falencias en este terreno; pero en los últimos años ha habido importantes avances, desde los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional en el 2004 y en el Congreso respecto de priorizar la atención a la infancia en aspectos fundamentales y críticos para su desarrollo, como el que esta prioridad esté contemplada en las leyes de equilibrio financiero desde el año 2006. Ello fue posible gracias a un esfuerzo conjunto de Estado y sociedad civil que desplegaron diversas iniciativas como la campaña de la ANC “Los niños primero en el Presupuesto Público” el 2005, y desde las propuestas de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, del Consejo Nacional de Educación a través del Proyecto Educativo Nacional y el Grupo de Iniciativa contra la Desnutrición Crónica Infantil que logró el compromiso de todos los candidatos en el proceso electoral del 2006 para dedicar esfuerzos y recursos en reducirla por lo menos en 5 puntos.

El actual Gobierno asumió este compromiso e incluso lo profundizó, apuntando a reducir la desnutrición crónica en 9 puntos. Estableció una continuidad con las prioridades asumidas en el Gobierno anterior respecto de la infancia en la elaboración y aprobación del Presupuesto Público. Se propuso impulsar un enfoque de gestión por resultados que permitiera elevar la calidad del gasto público, orientando cuatro de los programas presupuestales estratégicos a atender la infancia con una inversión que sobrepasa los 2 mil millones. Impulsó la Estrategia Crecer y ha mantenido el Programa Juntos, que busca quebrar la transmisión intergeneracional de la pobreza extrema.

Sin embargo, la concreción de estas importantes decisiones que apuntan a fortalecer políticas de Estado se ve amenaza al borde del tercer año de Gobierno. Un primer obstáculo es que no se confirman en la práctica las prioridades asumidas. Dos ejemplos. Uno: desde la gestión anterior, y durante estos dos años y medio de la actual, no se ha aprobado un solo crédito suplementario que amplíe los recursos para mejorar la calidad de la atención de la infancia. Ni las muertes reiteradas año a año de niños en el sur andino por causas absolutamente controlables han sido suficientes para que se cumpla lo que dicen las leyes de equilibrio y presupuesto público desde el 2006: poner en primer lugar los recursos destinados a cerrar la brecha de atención a estas prioridades. Dos: ante la crisis económica en curso, se elabora un Plan de Estímulo Económico que no toma suficientemente en cuenta medidas de protección social para quienes serán los más golpeados; así, por ejemplo, se reduce el presupuesto del Programa Juntos. A este incumplimiento se añade otro obstáculo: el funcionamiento del propio aparato estatal que no logra una gestión eficaz, a pesar de haber tenido tantos años de bonanza.

Si el Gobierno actual quiere terminar su periodo alcanzando las metas que se ha propuesto respecto de la infancia, deberá poner los medios necesarios para, por lo menos, llevar a la práctica de manera consistente una gestión por resultados que permita cambiar de raíz la lógica de un Estado que está de espaldas a la gente a la que debe servir. Poner los medios supone convicción y coherencia con los compromisos asumidos. En estos dos años y medio que le quedan a este Gobierno, debería poder demostrar que su compromiso con la infancia es de a de veras. Así no solo se logrará una mejor calidad de vida de nuestros niños y niñas, sino que ellos y ellas sentirán que su Estado y su sociedad les dan el mejor ejemplo: cumplir con la palabra empeñada. De esa coherencia surge el sentido de autoridad. Sería la mejor manera de celebrar el vigésimo aniversario de la Convención de los Derechos de Niños y Niñas que el Perú firmó y con la cual se comprometió.