TRIBUNA ABIERTA
Revolución educativa y reforma tributaria
Por Javier Diez Canseco
Publicado en La República
Por Javier Diez Canseco
Publicado en La República
El tema educativo es uno de los pocos que han logrado colocarse en el debate electoral. Y ha arrastrado la discusión sobre el financiamiento de los cambios en el sector. Pero, Toledo y Fujimori se han concentrado casi exclusivamente en una competencia de ofertas de aumento a los maestros, dejando de lado otros temas de fondo que ha colocado Gana Perú.
Lo primero es tener claro que la educación no es solo un servicio público. Es un derecho humano fundamental, una condición del desarrollo a ser garantizada por el Estado. La fraudulenta Constitución fujimorista convirtió la educación en un negocio, la sometió a las leyes del mercado y a la capacidad económica de cada cual. De allí una de las exigencias de una nueva Constitución. El fujimorismo alimentó, hasta hoy, un doble fenómeno: el acelerado deterioro de la educación pública (desastrosa comprensión lectora o razonamiento matemático y científico de los alumnos según las investigaciones PISA) y el lucrativo negocio de la educación privada que ha generado cuantiosas fortunas a algunos y los ha lanzado al estrellato político, aprovechando que la gente ve la educación como un instrumento de movilidad social. El Perú es uno de los países con mayor discriminación educativa según la condición económica del alumno. No es un factor de igualdad, sino de desigualdad de oportunidades.
Una educación pública de calidad para todos, en el campo y la ciudad, es central para un Perú con igualdad de oportunidades.
Exige profundos cambios como duplicar el presupuesto de educación en el quinquenio. Llevarlo del 3 al 6% del PBI, para cumplir el AN, los promedios latinoamericanos y el Proyecto Educativo Nacional. Esto no es viable en un país que apenas recauda 15% del PBI a nivel central, en época de vacas gordas, pues implicaría dedicar 40% del presupuesto nacional solo a Educación. Demanda una reforma tributaria que capte más de 20 o 21% del PBI.
La revolución educativa debe incluir la desatendida educación inicial (0 a 5 años), implementar apoyo alimenticio (dado el alto porcentaje de niños malnutridos) y atención de salud preventiva en las escuelas. La necesidad presupuestal es alta. Sólo se obtendrá si el país recupera parte importante de la enorme renta que generan la minería y las industrias extractivas en manos extranjeras y con enormes privilegios tributarios, si se grava las ganancias del poderoso y abusivo sector bancario y financiero, y si se hace que los que ganan más cumplan más con la sociedad. La derecha no lo hará.
Calidad educativa implica maestros calificados y cursos universitarios de actualización gratuitos. Duplicar sus sueldos de base (con aumentos que vayan al básico) es central para que sean dignos y puedan dedicarse de lleno a su labor, incentivando su capacitación. Su evaluación debe ser integral (conocimientos por especialidad, capacidad pedagógica en aula) respetando sus derechos. Y ciertamente, más horas de clase anuales y menor carga de alumnos por aula. Recuperar la escuela socializadora (deporte, cultura, danza, etc.) es vital. Incentivos a un magisterio calificado y a alumnos destacados también.
Terminar con la segregación educativa es fortalecer la educación pública y el tema ciudad-campo Establecer internados rurales en lugar de escuelas primarias unidocentes, con profesores por especialidad. Y construir una verdadera escuela inclusiva implica promover la matrícula de los niños con discapacidad en escuelas accesibles, con profesores de educación especial y material pedagógico adecuado, pues hoy ni un 10% de los niños con discapacidad acceden a la escuela.
Si queremos un crecimiento económico inclusivo, con un importante mercado interno y una articulación entre industrialización, desarrollo y educación, urge recuperar el nivel de la educación pública superior, tecnológica y universitaria, implementar una efectiva certificación de las universidades –especialmente las particulares, que han crecido como hongos sin control– y adecuar la oferta universitaria a los requerimientos del desarrollo nacional y regional.
La revolución educativa es indesligable de una reforma tributaria y de una nueva Constitución.
Lo primero es tener claro que la educación no es solo un servicio público. Es un derecho humano fundamental, una condición del desarrollo a ser garantizada por el Estado. La fraudulenta Constitución fujimorista convirtió la educación en un negocio, la sometió a las leyes del mercado y a la capacidad económica de cada cual. De allí una de las exigencias de una nueva Constitución. El fujimorismo alimentó, hasta hoy, un doble fenómeno: el acelerado deterioro de la educación pública (desastrosa comprensión lectora o razonamiento matemático y científico de los alumnos según las investigaciones PISA) y el lucrativo negocio de la educación privada que ha generado cuantiosas fortunas a algunos y los ha lanzado al estrellato político, aprovechando que la gente ve la educación como un instrumento de movilidad social. El Perú es uno de los países con mayor discriminación educativa según la condición económica del alumno. No es un factor de igualdad, sino de desigualdad de oportunidades.
Una educación pública de calidad para todos, en el campo y la ciudad, es central para un Perú con igualdad de oportunidades.
Exige profundos cambios como duplicar el presupuesto de educación en el quinquenio. Llevarlo del 3 al 6% del PBI, para cumplir el AN, los promedios latinoamericanos y el Proyecto Educativo Nacional. Esto no es viable en un país que apenas recauda 15% del PBI a nivel central, en época de vacas gordas, pues implicaría dedicar 40% del presupuesto nacional solo a Educación. Demanda una reforma tributaria que capte más de 20 o 21% del PBI.
La revolución educativa debe incluir la desatendida educación inicial (0 a 5 años), implementar apoyo alimenticio (dado el alto porcentaje de niños malnutridos) y atención de salud preventiva en las escuelas. La necesidad presupuestal es alta. Sólo se obtendrá si el país recupera parte importante de la enorme renta que generan la minería y las industrias extractivas en manos extranjeras y con enormes privilegios tributarios, si se grava las ganancias del poderoso y abusivo sector bancario y financiero, y si se hace que los que ganan más cumplan más con la sociedad. La derecha no lo hará.
Calidad educativa implica maestros calificados y cursos universitarios de actualización gratuitos. Duplicar sus sueldos de base (con aumentos que vayan al básico) es central para que sean dignos y puedan dedicarse de lleno a su labor, incentivando su capacitación. Su evaluación debe ser integral (conocimientos por especialidad, capacidad pedagógica en aula) respetando sus derechos. Y ciertamente, más horas de clase anuales y menor carga de alumnos por aula. Recuperar la escuela socializadora (deporte, cultura, danza, etc.) es vital. Incentivos a un magisterio calificado y a alumnos destacados también.
Terminar con la segregación educativa es fortalecer la educación pública y el tema ciudad-campo Establecer internados rurales en lugar de escuelas primarias unidocentes, con profesores por especialidad. Y construir una verdadera escuela inclusiva implica promover la matrícula de los niños con discapacidad en escuelas accesibles, con profesores de educación especial y material pedagógico adecuado, pues hoy ni un 10% de los niños con discapacidad acceden a la escuela.
Si queremos un crecimiento económico inclusivo, con un importante mercado interno y una articulación entre industrialización, desarrollo y educación, urge recuperar el nivel de la educación pública superior, tecnológica y universitaria, implementar una efectiva certificación de las universidades –especialmente las particulares, que han crecido como hongos sin control– y adecuar la oferta universitaria a los requerimientos del desarrollo nacional y regional.
La revolución educativa es indesligable de una reforma tributaria y de una nueva Constitución.
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