viernes, 12 de noviembre de 2010

TRIBUNA ABIERTA

Los retos de la municipalización de la educación
Editorial de El Comercio
A propósito de la municipalización de la educación, que en el caso de Lima recién se concretará el próximo año, resulta urgente que la alcaldesa electa Susana Villarán inicie las conversaciones del caso con el ministro del sector y actual presidente de la PCM, José Antonio Chang.

En realidad no hay razón para que el equipo de Villarán postergue dichas coordinaciones en un tema que, además, fue uno de los más polémicos durante la campaña electoral de Fuerza Social, no solo por la participación de varios líderes del Sutep en esa agrupación, sino por las propuestas que el sindicato aportó a su plan de gobierno.

Sin duda, debe saludarse que la nueva alcaldesa se haya reunido con los ministros de Salud, del Interior y de la Cultura, imaginamos para establecer algunos contactos e intercambiar ideas sobre políticas relacionadas con el Hospital de la Solidaridad, la inseguridad ciudadana en Lima o el desarrollo de lo cultural.

Pero la transferencia de la educación a los gobiernos locales involucra probablemente actividades tanto o más delicadas. Prueba de ello es que hasta el momento no se ha cumplido en Lima Metropolitana. En otras localidades del país ha funcionado la cobertura del servicio, la entrega de materiales educativos y la asistencia de los profesores a los planteles, actividades que no se han interrumpido cuando las escuelas pasaron a la órbita municipal. Sin embargo, sí se han registrado problemas en el caso de comunas pobres, sin recursos y sin gestión; así como en ciertas municipalidades cuyos alcaldes se negaron a aplicar la Ley de Carrera Pública Magisterial (LCPM).

Frente a todo esto, Susana Villarán debería establecer un contacto directo e inmediato con el Ministerio de Educación para resolver varios asuntos: desde marcar distancia respecto al Sutep y sus trasnochadas políticas, hasta garantizar la continuidad del proceso de modernización y mejora de la calidad de la educación, acorde la LCPM, que no puede interrumpirse.

Sin duda, hay vacíos que los procesos desarrollados por el gobierno de Alejandro Toledo y el actual no han resuelto, que se vinculan por ejemplo con los programas educativos, el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la aplicación de modelos que promuevan la innovación. Sin embargo, esos asuntos y otros tienen que abordarse conjuntamente como políticas de Estado.

Como refirió el ministro Chang, en entrevista con El Comercio, si bien la evaluación de docentes es potestad del sector Educación, la ley de descentralización transfiere a los gobiernos locales prerrogativas medulares en el proceso iniciado que pueden cumplir o incumplir.

Por ejemplo, pueden nombrar a los directores de las UGEL quienes, a su vez, son los responsables de la aplicación de políticas nacionales, como garantizar la meritocracia, respetar los procesos de selección de profesores y que los mejores maestros reciban incentivos en función de su desempeño. No obstante, también podrían lanzar todo esto por la borda.

En este sentido, hacemos votos porque el diálogo se instaure entre el Gobierno Central y la Municipalidad de Lima, bajo cuya tutela estará el 30% de la población estudiosa del país.

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