TRIBUNA ABIERTA
Violencia contra escolares
Editorial de La República
La opinión pública ha sido sacudida esta semana por varios casos de violencia contra escolares, los cuales van desde el descubrimiento y captura de un violador múltiple de alumnas del Elvira García y García hasta la noticia de un niño de 10 años agredido de forma brutal por un energúmeno que lo acusó de haber dañado la pintura de su auto.
Todos estos casos son condenables y merecen severa sanción. Pero queremos detenernos en el de Clinton Maylle (14), postrado desde hace cuatro meses en el Hospital del Niño como resultado de una brutal golpiza infligida por tres compañeros del colegio nacional Micaela Bastidas, que lo hicieron víctima de burlas, humillaciones y maltratos por ser provinciano hasta que uno de ellos lo arrojó al suelo causándole una lesión en la columna que posiblemente lo deje parapléjico de por vida.
Se ha visualizado la violencia escolar desde una perspectiva en la que las precarias condiciones sociales de ciertas áreas urbanas, la tensión provocada por la existencia de pandillas y las duras condiciones de vida han sido utilizadas como ejes invariables para el análisis de los conflictos escolares. Es posible que estas causales intervengan, aunque no bastan para explicar por sí mismas el aumento de la delincuencia infantil o juvenil.
Otra cosa es que la escuela pública, como institución, es vulnerable en múltiples sentidos. Por lo general, no recibe del Estado los recursos que necesita no solo para cumplir con su labor de enseñanza sino para hacer de ellas comunidades pacíficas y creativas en las que el aprendizaje sea posible en condiciones de seguridad y la educación que se imparta implique la convivencia sin violentismo y también la práctica de la democracia, que es opuesta por definición a cualquier tipo de discriminación.
La escuela debe ser un lugar de equidad y justicia, un centro de entrenamiento de una futura ciudadanía responsable. No basta, por lo mismo, con prevenir los hechos vandálicos y castigar a sus autores. Es necesario que los maestros impartan principios que condenen todo tipo de violencia interpersonal, tanto directa como indirecta, y sean especialmente cuidadosos con aquella que se extiende hoy a ritmo acelerado y que es conocida por su nombre inglés de bulling y cyberbulling, pues se vale de las nuevas tecnologías –teléfono celular e internet– para difundir el acoso, la intimidación y la agresión física o sexual entre escolares.
Y a las víctimas hay que pedirles que no callen, que denuncien los hechos de que son objeto a sus padres y maestros, pues es el único modo de librarse de infiernos como aquel sufrido por Clinton Maylle, quien solo habló cuando sus agresores lo habían sometido a una brutalidad que gravitará sobre su vida. La ministra de la Mujer ha recordado, y tiene razón, que el acoso está previsto en nuestra legislación y que sus autores, si la dimensión de los hechos lo amerita, pueden ser pasibles de purgar tres años de reclusión. Pero la prevención siempre es mejor que la sanción.
Editorial de La República
La opinión pública ha sido sacudida esta semana por varios casos de violencia contra escolares, los cuales van desde el descubrimiento y captura de un violador múltiple de alumnas del Elvira García y García hasta la noticia de un niño de 10 años agredido de forma brutal por un energúmeno que lo acusó de haber dañado la pintura de su auto.
Todos estos casos son condenables y merecen severa sanción. Pero queremos detenernos en el de Clinton Maylle (14), postrado desde hace cuatro meses en el Hospital del Niño como resultado de una brutal golpiza infligida por tres compañeros del colegio nacional Micaela Bastidas, que lo hicieron víctima de burlas, humillaciones y maltratos por ser provinciano hasta que uno de ellos lo arrojó al suelo causándole una lesión en la columna que posiblemente lo deje parapléjico de por vida.
Se ha visualizado la violencia escolar desde una perspectiva en la que las precarias condiciones sociales de ciertas áreas urbanas, la tensión provocada por la existencia de pandillas y las duras condiciones de vida han sido utilizadas como ejes invariables para el análisis de los conflictos escolares. Es posible que estas causales intervengan, aunque no bastan para explicar por sí mismas el aumento de la delincuencia infantil o juvenil.
Otra cosa es que la escuela pública, como institución, es vulnerable en múltiples sentidos. Por lo general, no recibe del Estado los recursos que necesita no solo para cumplir con su labor de enseñanza sino para hacer de ellas comunidades pacíficas y creativas en las que el aprendizaje sea posible en condiciones de seguridad y la educación que se imparta implique la convivencia sin violentismo y también la práctica de la democracia, que es opuesta por definición a cualquier tipo de discriminación.
La escuela debe ser un lugar de equidad y justicia, un centro de entrenamiento de una futura ciudadanía responsable. No basta, por lo mismo, con prevenir los hechos vandálicos y castigar a sus autores. Es necesario que los maestros impartan principios que condenen todo tipo de violencia interpersonal, tanto directa como indirecta, y sean especialmente cuidadosos con aquella que se extiende hoy a ritmo acelerado y que es conocida por su nombre inglés de bulling y cyberbulling, pues se vale de las nuevas tecnologías –teléfono celular e internet– para difundir el acoso, la intimidación y la agresión física o sexual entre escolares.
Y a las víctimas hay que pedirles que no callen, que denuncien los hechos de que son objeto a sus padres y maestros, pues es el único modo de librarse de infiernos como aquel sufrido por Clinton Maylle, quien solo habló cuando sus agresores lo habían sometido a una brutalidad que gravitará sobre su vida. La ministra de la Mujer ha recordado, y tiene razón, que el acoso está previsto en nuestra legislación y que sus autores, si la dimensión de los hechos lo amerita, pueden ser pasibles de purgar tres años de reclusión. Pero la prevención siempre es mejor que la sanción.
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