TRIBUNA ABIERTA
Hombres de la Educación
Por Manuel Burga – La República
¿Quiénes son? Luis Carranza Ugarte y Fidel Ramírez Prado, para sorpresa de muchos. Ensayaré una nueva reflexión sobre este tema, tan urgente como paradójico en nuestro país. Con tantas leyes, decretos que no se cumplen porque quizá están mal hechos, ambos, en este caso, no cumplen con los mandatos legales, ni judiciales. Lo que explica, en un caso, la paralización de las universidades públicas desde hace dos meses y medio, que nos hace recordar a noviembre de 2005 en que, luego de violentas movilizaciones callejeras, el 21 de diciembre, se promulgó el D.U. 033, autorizando el Programa de Homologación de los docentes de las universidades públicas.
Un programa que debía cumplirse en tres años, sin producir enormes egresos y que además podía presentarse como respuesta al largo incumplimiento del Artículo 53 de la ley universitaria que homologa las remuneraciones de los profesores universitarios con las correspondientes de los magistrados judiciales. En esa oportunidad, como rector de San Marcos, presidí la Comisión de la ANR para dialogar con los representantes del MEF y del Minedu, lo que me acercó a los detalles para entender cómo se decide la inversión pública en nuestro país, si de acuerdo a grandes políticas macroeconómicas, específicos planes estratégicos, a la discreción personal de autoridades o funcionarios o a las presiones de los demandantes.
El entonces presidente Toledo abrió el diálogo, y las conversaciones en el MEF se iniciaron con Waldo Mendoza, viceministro de Economía, quien acababa de reemplazar a Luis Carranza, teórico de que en “educación no hay inversión, sino simplemente gasto”. Quedaba en el MEF, como asesora importante, Marisol Guiulfo, continuadora de esa línea dura. Esto hizo muy difícil las negociaciones, porque solicitaban un retorno rápido, sea en calidad, eficiencia o pertinencia, que los rectores ni Fendup podían asegurar: era el trabajo de los legisladores. Luego preguntaban concretamente: “¿Cuántos doctores tienen?”. Para agregar: “Que ellos reciban prioritariamente la homologación”. Lo que hubiera dejado fuera al 80% de la docencia universitaria. Lo exigía M. Guiulfo, que no sé si ya tenía su licencia en Administración de Empresas de la UL.
Ahora ha regresado la línea dura al MEF con el Ministro Carranza. Sabemos que él es egresado de una universidad privada, la PUCP, pero también de una pública, la U. de Minnesota, una de las importantes universidades norteamericanas que ocupa un buen lugar entre las 500 mejores del mundo. Luego fue viceministro y después pasó al BBVA de España. Un técnico de buen nivel, no lo dudo, que puede ser un distinguido gerente del BBVA, pero cómo podríamos pedirle una racionalidad estratégica en el manejo de los fondos públicos y específicamente del “gasto” en educación, tan aparentemente sin retorno en el corto plazo.
Sabemos también que se han aprobado 34 normas legales que mandan el cumplimiento del programa de homologación, con la explícita intención de promover la universidad pública, pero no se cumplen, lo que nos pone ante una evidente acción de incumplimiento de la norma legal que altera el orden público. Ahora regreso al inicio. La U. Alas Peruanas, violentando cualquier dispositivo legal, multiplica ilegalmente sus filiales y con alguna razón podría decir que ha ampliado el acceso a la educación superior, como nadie lo ha hecho desde el Estado. Ni Alas Peruanas ni el MEF cumplen la ley. ¿Alguien nos podría decir la diferencia entre Fidel Ramírez y Luis Carranza, del MEF, en lo que a cumplimiento de la ley se refiere? ¿Por qué en un caso es ilícito y en el otro no? ¿Quizá la clave de nuestra deriva educativa se encuentra en esta paradoja? Parecemos desafortunadamente un país sin políticas ni instituciones, a merced de los individuos.
Por Manuel Burga – La República
¿Quiénes son? Luis Carranza Ugarte y Fidel Ramírez Prado, para sorpresa de muchos. Ensayaré una nueva reflexión sobre este tema, tan urgente como paradójico en nuestro país. Con tantas leyes, decretos que no se cumplen porque quizá están mal hechos, ambos, en este caso, no cumplen con los mandatos legales, ni judiciales. Lo que explica, en un caso, la paralización de las universidades públicas desde hace dos meses y medio, que nos hace recordar a noviembre de 2005 en que, luego de violentas movilizaciones callejeras, el 21 de diciembre, se promulgó el D.U. 033, autorizando el Programa de Homologación de los docentes de las universidades públicas.
Un programa que debía cumplirse en tres años, sin producir enormes egresos y que además podía presentarse como respuesta al largo incumplimiento del Artículo 53 de la ley universitaria que homologa las remuneraciones de los profesores universitarios con las correspondientes de los magistrados judiciales. En esa oportunidad, como rector de San Marcos, presidí la Comisión de la ANR para dialogar con los representantes del MEF y del Minedu, lo que me acercó a los detalles para entender cómo se decide la inversión pública en nuestro país, si de acuerdo a grandes políticas macroeconómicas, específicos planes estratégicos, a la discreción personal de autoridades o funcionarios o a las presiones de los demandantes.
El entonces presidente Toledo abrió el diálogo, y las conversaciones en el MEF se iniciaron con Waldo Mendoza, viceministro de Economía, quien acababa de reemplazar a Luis Carranza, teórico de que en “educación no hay inversión, sino simplemente gasto”. Quedaba en el MEF, como asesora importante, Marisol Guiulfo, continuadora de esa línea dura. Esto hizo muy difícil las negociaciones, porque solicitaban un retorno rápido, sea en calidad, eficiencia o pertinencia, que los rectores ni Fendup podían asegurar: era el trabajo de los legisladores. Luego preguntaban concretamente: “¿Cuántos doctores tienen?”. Para agregar: “Que ellos reciban prioritariamente la homologación”. Lo que hubiera dejado fuera al 80% de la docencia universitaria. Lo exigía M. Guiulfo, que no sé si ya tenía su licencia en Administración de Empresas de la UL.
Ahora ha regresado la línea dura al MEF con el Ministro Carranza. Sabemos que él es egresado de una universidad privada, la PUCP, pero también de una pública, la U. de Minnesota, una de las importantes universidades norteamericanas que ocupa un buen lugar entre las 500 mejores del mundo. Luego fue viceministro y después pasó al BBVA de España. Un técnico de buen nivel, no lo dudo, que puede ser un distinguido gerente del BBVA, pero cómo podríamos pedirle una racionalidad estratégica en el manejo de los fondos públicos y específicamente del “gasto” en educación, tan aparentemente sin retorno en el corto plazo.
Sabemos también que se han aprobado 34 normas legales que mandan el cumplimiento del programa de homologación, con la explícita intención de promover la universidad pública, pero no se cumplen, lo que nos pone ante una evidente acción de incumplimiento de la norma legal que altera el orden público. Ahora regreso al inicio. La U. Alas Peruanas, violentando cualquier dispositivo legal, multiplica ilegalmente sus filiales y con alguna razón podría decir que ha ampliado el acceso a la educación superior, como nadie lo ha hecho desde el Estado. Ni Alas Peruanas ni el MEF cumplen la ley. ¿Alguien nos podría decir la diferencia entre Fidel Ramírez y Luis Carranza, del MEF, en lo que a cumplimiento de la ley se refiere? ¿Por qué en un caso es ilícito y en el otro no? ¿Quizá la clave de nuestra deriva educativa se encuentra en esta paradoja? Parecemos desafortunadamente un país sin políticas ni instituciones, a merced de los individuos.
0 comentarios:
Publicar un comentario