TRIBUNA ABIERTA

86 días de huelga y aquí no pasa nada
Por Carlos Castro

Por increíble que parezca ese es el tiempo –casi tres meses– que los docentes de las universidades públicas del país llevan en paro. Lo kafkiano es que todos los organismos del Estado están de acuerdo con sus reclamos. El único que está en desacuerdo es el ministro de Economía, Luis Carranza, con el aval del presidente Alan García.
Lo extenso de la huelga revela el poco interés que éste y los gobiernos anteriores asignan a la educación. Uno escucha al presidente de la República y a sus ministros hablar siempre de que la educación es el pilar del desarrollo del país –como que lo es– pero en la práctica es lo contrario: se disminuye la asignación de recursos y los profesores universitarios tienen que declararse hasta en huelga de hambre para intentar conmover a Carranza.
Las demandas de los docentes universitarios están amparadas por la legitimidad. El gobierno de Toledo dictó el 2005 la Ley Nº 28603 por la cual se restituía el art. 53 de la Ley Universitaria 23733 que establecía la homologación de los sueldos de los profesores de las universidades del Estado con los de los magistrados del Poder Judicial. Es decir, al docente principal le corresponde el haber de un juez supremo, al asociado el de un superior y al auxiliar el provincial.
¿Cómo un docente puede desarrollar procesos de investigación, comprar libros o capacitarse con un sueldo de mil o dos mil soles? Imposible. La norma de entonces buscó resolver esta fractura. Para ello se dictó un cronograma y el gobierno pasado cumplió con el primer tramo.
Los problemas para el maestro universitario comenzaron con el gobierno aprista. Y eso que, según el presidente García, somos uno de los países que más crecen, la nación-imán para los inversionistas y el Estado estrella de todos los encuentros internacionales. “No saben con cuánta admiración hablan de Perú”, dijo García al volver de su reciente viaje. Imagino que las miles de familias universitarias se preguntarán y entonces por qué no cumple con la ley.
Hasta ahora este gobierno sólo ha cumplido en parte el segundo tramo. El tercero, que debió aplicarlo el año pasado, se niega a hacerlo, pese a que existe acuerdo del Congreso. En vano los profesores han intentado hablar con el ministro Carranza. No los escucha. Sólo han recibido un mensaje de él, a través de terceros: no hay plata. El presidente y su ministro olvidan que son las universidades públicas las que hacen investigación científica y tecnológica y las que forman profesionales que están vinculados de manera directa con el aparato productivo del país. Las universidades privadas –de difícil acceso para los miles de jóvenes que provienen de familias de ingreso promedio– están más dedicadas a las carreras de marketing y liberales.
Digamos que la indiferencia hacia la huelga en las universidades no solo es del Estado. También de los políticos, de las instituciones y de los medios de comunicación. Ganados por los flashes, que se encienden y apagan cada 24 horas, hemos olvidado a quienes son los responsables de formar a las nuevas generaciones y que hoy luchan por hacerse escuchar. Apoyémoslos.