ARTICULOS DE ASOCIADOS
Educación de calidad con equidad
Por Idel Vexler
Publicado el 25/10/2009 en Correo
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la población total del Perú sobrepasa los 28 millones de personas. El 38% son niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Alrededor del 60% de ellos viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad (INFORME UNICEF -2008).
El 2 de setiembre de 1990 entró en vigencia la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por los Estados miembros de las Naciones Unidas, la cual establece que los niños son sujetos de derecho e interés superior. Destaca en el Artículo 28 el derecho a la educación con igualdad de oportunidades. En este marco, el Estado Peruano aprobó el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia para que se ponga en práctica mediante un trabajo intersectorial articulado entre los sectores públicos y las instituciones de la sociedad y la cooperación internacional. Desde luego, pasando del discurso a la acción efectiva y sostenida en los ámbitos nacional, regional, local e institucional.
Por eso, el Minedu considera como centro de sus políticas educativas y pedagógicas al niño y adolescente, reconociéndoles el derecho a ser educados en escuelas inclusivas que cuenten con maestros competentes, espacios educativos adecuados y saludables, currículos diversificados, tecnologías educativas apropiadas, así como textos y materiales educativos pertinentes. Naturalmente, mediante una gestión administrativa y pedagógica eficiente y ética, que garantice -por ejemplo-horas de estudio efectivas, estrategias metodológicas interactivas y motivadoras, y, por supuesto, un clima institucional propicio para la internalización de saberes significativos, el desarrollo de habilidades y la práctica de valores. Todo ello para elevar el nivel de los aprendizajes y mejorar los índices de acceso, permanencia y conclusión de los educandos, especialmente de los ámbitos rurales y de frontera.
Por cierto, debe asegurarse el cumplimiento del derecho de los niños y adolescentes a ser educados con calidad y equidad. Pero, también, los derechos a la vida, al nombre, a una familia, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, al vestido, así como al buen trato y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Por Idel Vexler
Publicado el 25/10/2009 en Correo
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la población total del Perú sobrepasa los 28 millones de personas. El 38% son niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Alrededor del 60% de ellos viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad (INFORME UNICEF -2008).
El 2 de setiembre de 1990 entró en vigencia la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por los Estados miembros de las Naciones Unidas, la cual establece que los niños son sujetos de derecho e interés superior. Destaca en el Artículo 28 el derecho a la educación con igualdad de oportunidades. En este marco, el Estado Peruano aprobó el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia para que se ponga en práctica mediante un trabajo intersectorial articulado entre los sectores públicos y las instituciones de la sociedad y la cooperación internacional. Desde luego, pasando del discurso a la acción efectiva y sostenida en los ámbitos nacional, regional, local e institucional.
Por eso, el Minedu considera como centro de sus políticas educativas y pedagógicas al niño y adolescente, reconociéndoles el derecho a ser educados en escuelas inclusivas que cuenten con maestros competentes, espacios educativos adecuados y saludables, currículos diversificados, tecnologías educativas apropiadas, así como textos y materiales educativos pertinentes. Naturalmente, mediante una gestión administrativa y pedagógica eficiente y ética, que garantice -por ejemplo-horas de estudio efectivas, estrategias metodológicas interactivas y motivadoras, y, por supuesto, un clima institucional propicio para la internalización de saberes significativos, el desarrollo de habilidades y la práctica de valores. Todo ello para elevar el nivel de los aprendizajes y mejorar los índices de acceso, permanencia y conclusión de los educandos, especialmente de los ámbitos rurales y de frontera.
Por cierto, debe asegurarse el cumplimiento del derecho de los niños y adolescentes a ser educados con calidad y equidad. Pero, también, los derechos a la vida, al nombre, a una familia, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, al vestido, así como al buen trato y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
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